"Estamos en estado de alerta y movilización", aseguró ayer a este diario Omar Rojas, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense Departamental Azul, al anunciar las medidas de fuerza prevista para hoy y mañana en reclamo de mejoras salariales para los empleados del sector.

Ayer los judiciales realizaron una asamblea con retiro y hoy mantendrán el estado "asambleario" para tratar las novedades que vayan surgiendo del conflicto durante toda la mañana, pero sin ausentarse de los lugares de trabajo.

En tanto, el viernes 1 de abril habrá paro y movilización a la ciudad de La Plata, "si es que no tenemos una convocatoria de parte del Gobierno para negociar", dijo el dirigente.

Remarcó luego que "hacemos exclusivamente responsable de este conflicto al Gobierno Provincial porque hoy -por ayer- se cumplen 20 días desde que nos hicieron la primera oferta del 21 por ciento y la segunda etapa del re-escalafonamiento, que obviamente rechazamos".

Al respecto, añadió que "no consideramos el re-escalafonamiento como oferta salarial porque eso es una deuda y de hecho hace un año que el señor gobernador Daniel Scioli anunció la primera etapa del re-escalafonamiento y públicamente se comprometió a llevar esta segunda etapa adelante, no ha cumplido y seguimos dando vueltas".

En torno a esto, advirtió también que "ahora el ministro de Economía, Alejandro Arlía, quiere tomar la segunda etapa como parte del aumento salarial y es lo que no aceptamos".

Más allá de esto, indicó que la propuesta de un aumento salarial del 21 por ciento "es totalmente insuficiente", detallando que en la última categoría de empleado judicial que tiene un básico de 2.136, representan 486 pesos.

"Los compañeros, que son los que deciden en las asambleas, tienen que pensar que el que tiene la última categoría tiene que vivir todo el 2011. Es que el Gobierno tampoco quiere volver a hacer una nueva discusión salarial en octubre como hemos planteado junto al resto de los gremios estatales", manifestó.

El secretario general de la AJB apuntó que están reclamando un aumento de 35 por ciento.

"Ese pedido de suba salarial tiene que ver con un viejo reclamo de los judiciales que es la ley porcentual y ese aumento equivaldría a llevar la porcentualidad al 70 por ciento", dijo.

Asimismo, Rojas opinó con ironía que "en un país donde la macro-economía funciona tan bien y la inflación es tan baja, no vemos por qué los trabajadores no podemos recuperar salario. Si esto es tan real, si no tenemos inflación como dice el INDEC de Moreno, y tenemos una economía tan floreciente, pensamos que los que ponemos la cara todos los días ante las falencias del Estado tenemos que tener un incremento de los salarios que fueron carcomidos por la inflación".

Al mismo tiempo, consideró que "la misma CGT está pidiendo aumento de acuerdo a la inflación góndola, quiere decir que algo no funciona acá. Es como si existieran dos países: uno el que vive la gente todos los días en donde las jubilaciones y los sueldos no alcanzan, y el otro el de los funcionarios donde obviamente les alcanza y les sobra".

A propósito de esto, expresó que "lamento que sea un Gobierno Justicialista, que teóricamente debería preocuparse por la justicia social, el que siga ahondando la brecha en este caso a través del salario que es la única gratificación que tienen los empleados de la provincia de Buenos Aires".

Entre los reclamos que tienen, Rojas mencionó además que "el Gobierno no quiere dar marcha atrás con el tema de la universalización de las asignaciones familiares".

También especificó que para la ley de paritarias de los judiciales hubo un proyecto de ley que se cayó porque "el Gobierno no lo quiso llevar adelante".

En tercer lugar, informó que se encuentran haciendo gestiones por el mínimo no imponible, ya que "no puede ser que los trabajadores terminen pagando el impuesto a las ganancias y que no paguen las operaciones financieras".

Para finalizar el dirigente gremial sostuvo que "el Estado provincial por un lado se ufana de que aumenta la recaudación, pero le está pagando a la mayoría de los empleados públicos en negro. Realmente estamos en un país contradictorio".