La viceministro de Trabajo de la Nación, Noemí Rial, se encuentra en la provincia porque hoy se reúne el Consejo Federal de Trabajo, con la presencia del ministro Carlos Tomada. Ayer, la funcionaria nacional ofreció una conferencia de prensa para adelantar los temas a tratarse y en la ocasión adelantó que San Juan tiene el índice del país en trabajo no registrado, con el 32,8%.

“Con esto decimos que esta provincia no está por afuera de los parámetros nacionales, como en el caos de otras provincias que están arriba del 40%. Es importante remarcar que esto tiene que ver con la gestión, por supuesto el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero también la colaboración de las autoridades laborales provinciales”, señaló Rial. 

Con ello, San Juan tiene el 61% de empleados registrados, en base a las inspecciones realizadas por AFIP y el Ministero de Trabajo.

Otro de los factores que influyó al aumento del registro de empleados, es la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. Dicha normativa permite que las pequeñas empresas, hasta cinco trabajadores, tengan la posibilidad los empleadores de no pagar cargas durante el primer año y, el segundo, pagar hasta el 50%.

“La ley tiene tres patas fundamentales: ayudar a las pequeñas empresas y microempresas al registro; bajar las cargas para estimularlo y se creó un registro paralelo que es el REPSAL (Registro de Empleadores con Sanciones Laborales) que sanciona a los empleadores reincidentes, en el caso que un empleador sea inspeccionado y no ponga en libros a sus empelados, va a este registro y las consecuencias son de carácter económico: no podrá participar en licitaciones públicas, ni recibir créditos de los bancos oficiales, hasta que pase el tiempo que determina la ley que, por lo general, son seis meses”, explicó la viceministro de la Nación.

A ello, se le agrega el seguimiento en la cadena de valor, en ciertas actividades como la industria textil o del calzado.

“En general, tenemos un problema de la cadena de valor porque los que trabajan dependen de talleres clandestinos, con empleadores absolutamente insolventes. Se ha creado una comisión para hacer todo el seguimiento. Hay actividades que son muy duras”, dijo Rial. 

Consultada sobre el caso de las empleadas doméstica, la funcionaria dijo que “en las casas particulares el trabajo ha mejorado mucho”. “Con la ley y con la posibilidad de que el empleador pague una suma determinada, cerca de los 250 pesos, ahora se suma algo más para la aseguradora de riesgo, por eso el empleador de una trabajadora o trabajador en casas particulares, tienen garantizado su registro”. 

Sobre el trabajo rural, añadió que “requiere un tratamiento específico”. “San Juan fue una de las primeras provincias en firmar el convenio de corresponsabilidad gremial, que tiene por objeto establecer una tarifa para que el empleador pague las cargas sociales y eso ayudó mucho”, acotó.