El 22 de noviembre de 2.007, el entonces Gobernador de la provincia, Juan Carlos Romero, entregaba en comodato, por 20 años, a su hijo J uan Esteban Romero un hangar en las instalaciones de Aviación Civil de la Provincia. La entrega se hizo a través del decreto 3306 cuando faltaban sólo 18 días para que asuma Juan Manuel Urtubey.

El 9 de octubre del 2012, FM CAPITAL informaba sobre el hecho y aclaraba que “que a través de un convenio de comodato, por término de 20 años y a favor de Finca la Represa, representada por su hijo Juan Esteban Romero, le dejó un espacio de las instalaciones de Aviación Civil, ubicado al norte de la plataforma principal y cuyas dimensiones son de 70 metros de frente hacia el sur y contra-frente hacia el norte, por 60 metros de fondo en sus laterales este y oeste, con acceso independiente por calle secundaria”.

Durante la sesión del 13 de noviembre del 2012, el Diputado provincial Matías Posadas, se refirió al hecho, manifestado: “En octubre nos hicimos eco de algunas notas periodísticas al respecto y por tal motivo solicitamos un informe a Aviación Civil, del cual surgen una serie de irregularidades”, a raíz de esto, formalizó un pedido al Presidente del cuerpo legislativo para que, se remita el comodato a la Fiscalía de Estado con el objeto de que se analice y se determine si se revoca o no.

“Creemos que administrativamente hay irregularidades que permiten la revocación y asimismo creemos que se debe analizar si se incurrió en un delito, ante lo cual de comprobarse deberá informarse al Ministerio Público para que se realicen las actuaciones pertinentes”, puntualizó Posadas.

La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, a cargo del fiscal Guillermo Akemeier, quien llevó adelante una investigación penal por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación en perjuicio de la administración pública, promovió el decreto de requerimiento de la elevación de la causa a juicio.

Los imputados en la causa, además, de Juan Carlos Romero, son el concejal Raúl Romero Medina y Ricardo Funes, como cómplices primarios y Juan Esteban Romero como coautor por el delito de defraudación calificada, en perjuicio de la Administración Pública.