Es advertido en casi todo ámbito, viola la ley, pero parece que ni a unos ni otros interesa: la millonaria propaganda electoral anticipada, que copa la vía pública, redes sociales y medios de comunicación, podría enfrentar desde mañana un cepo legal articulado entre los poderes Judicial y Ejecutivo.

Es que hoy el gobernador Jorge Capitanich recibirá a la presidenta del Tribunal Electoral y ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ), María Luisa Lucas, para analizar distintas medidas que frenen la cada vez más avasallante -e ilegal- promoción de precandidatos, fuerzas políticas y alianzas electorales para las PASO.

Trascendió ayer que el objetivo es acordar distintas alternativas para retirar la publicidad callejera ya existente y, al mismo tiempo, consensuar con los partidos métodos de autorregulación que impidan todo tipo de propaganda fuera de los plazos en que la ley lo permite.

La jueza Lucas adelantó ayer a LA VOZ DEL CHACO que en los últimos días se produjeron denuncias entre distintas fuerzas políticas, pero que el Tribunal que preside no cuenta con el poder de Policía ni personal disponible como para actuar y retirar cartelería. La ley provincial que regula los comicios establece claramente que ningún candidato, precandidato o partido puede promocionarse públicamente fuera de los plazos establecidos a ese fin.

Sin embargo, desde incluso antes de fin de 2014, un número importante de dirigentes políticos -tanto oficialistas como de la oposición- se hace visible en los distintos medios de comunicación o la calle difundiendo su nombre y, generalmente, la leyenda «2015» sin mencionar el cargo al que buscan acceder.

Erróneamente hay quienes interpretan que al no estar especificado, junto al nombre o al partido o frente electoral, el cargo al que se aspira, esa manera de «mostrarse» a la ciudadanía no viola la ley.

En cuanto a las recientes denuncias por difusión anticipada de nombres, Lucas confirmó que el Tribunal obró sanciones y conminó a los partidos responsables a bajar la cartelería -sin embargo, los afiches y pasacalles siguen arriba.

La integrante del STJ también lamentó que el Tribunal provincial no cuente con los recursos y el poder de control que sí tiene su par nacional. (Ver recuadro aparte)

DECISION POLITICA

Más allá de que ya existan violaciones a la Ley Electoral y que a los partidos pareciera importarles poco y nada lo que establece justamente esa legislación, un corsé de hecho que puedan interponer Capitanich y Lucas desde hoy colocaría cierto manto de igualdad entre las fuerzas que compitan en las PASO de mayo.

Un consenso multipartidario sobre la cuestión, que consistiría también en una decisión política de parte del Poder Ejecutivo, podría convertirse en la herramienta que frene la desmesurada promoción de nombres por fuera de lo que marca la ley.

A nivel nacional, duras sanciones

La Justicia Electoral Nacional investiga desde hace algunos días la campaña electoral anticipada que lanzó la enorme mayoría de precandidatos de cara a las elecciones de este año. En el plano nacional los plazos son estirados aún más por los partidos, ya que se votará en las primarias recién en agosto, a diferencia del Chaco donde el primer test electoral está a poco más de dos meses.

Por el momento hay sanciones a distintos partidos políticos, pero también están en la mira las agencias publicitarias que alquilan los espacios para se muestren los candidatos.

Según publicó ayer el diario La Nación, empresas del sector que poseen licencias de carteles de vía pública fueron intimadas el viernes por la Justicia al advertir que al prestar sus servicios para fines electorales fuera del período legal podrán ser sujetos de acciones judiciales con perjuicios económicos y penales.

«Debe advertirse que las campañas para las elecciones primarias del próximo 9 de agosto inician legalmente 30 días antes del acto electoral, de modo que sólo serán lícitas desde el 10 de julio», expuso un oficio emitido por la Cámara Nacional Electoral.

De acuerdo con el matutino porteño, el oficio fue sólo una formalidad. La Cámara Electoral convocó el jueves a las asociaciones que agrupan a las agencias de publicidad y los licenciatarios de carteles en vía pública para advertirles sobre la situación. El fiscal Jorge Di Lello, a cargo de los temas electoral, también participó del encuentro. Fue, incluso, el más contundente a la hora de advertir sobre las consecuencias penales que podrían sufrir por prestar servicios para la campaña anticipada y anticipó abiertamente que impulsará cada caso que reciba con este delito.