Según la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, tanto los jardines maternales como los Centros de Primera Infancia tienen problemas como falta de vacantes, edificios deteriorados y sin mantenimiento general.
Según indica el informe de la AGCBA, la falta de vacantes es alarmante. En ese sentido, el 85 por ciento de la demanda se encuentra insatisfecha, lo que se traduce en interminables listas de espera de niños que están sin escolarizar.
Pese a ello, no se realizan obras de ampliación ni de construcción de nuevos jardines maternales, por lo que la situación se profundiza.Y lo que es peor aún: la situación conduce a que la desigualdad social en la ciudad de Buenos Aires crezca a la par del negocio de los jardines privados.
Por otra parte,de acuerdo con el informe, “el 68% de los jardines auditados no cuenta con las zonas de higiene y alimentación en espacios separados, lo que compromete seriamente la salud de los pequeños”. En tanto, más del 70% de los establecimientos manifestaron tener inconvenientes con las empresas encargadas en la prestación del servicio de mantenimiento general.
Ante esta realidad, los padres se ven expulsados del sistema público y, quienes pueden, deciden afrontar el costo de los jardines privados, los cuales cada vez se encarecen más dada la creciente demanda. En la vereda opuesta quedan los sectores más vulnerables.
Para atender su demanda, la gestión macrista creó los CPI, que, lamentablemente, tampoco lograron convertirse en un paliativo. Es que constituyen un sistema educativo informal que no se rige por una currícula anual de contenidos mínimos y necesarios para el desarrollo de capacidades futuras.
En el marco de esa informalidad, el estudio revela que las 40 asociaciones civiles que funcionan como CPI no cuentan con seguro médico y las que están ubicadas en medio de la villa tampoco reciben el servicio del SAME.
A esta altura, además, los CPI cuentan con listas de espera tan abultadas como los maternales.
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