Y no era para menos: después de meses podía encabezar una reunión de gabinete en el Ministerio de Gobierno con subsecretarios y todo. Desde marzo que la cartera política funcionaba a media máquina porque dos lugares importantes, las subsecretarías de Justicia y de Trabajo, estaban acéfalas.

Avatares del estilo del gobierno de Celso Jaque, el ministro pagó internamente el precio de haber sido el responsable del armado político y la derrota en las últimas elecciones en Capital. En medio de una dura paritaria con los estatales y de un recrudecimiento del conflicto con el Poder Judicial, la cartera de Gobierno funcionó sin un equipo.

El gobernador no confirmó las designaciones para Adaro durante semanas, afectando la gestión. Hasta que unos días antes del discurso del 1 de mayo en la Legislatura sí lo hizo.

Los nombramientos no sólo sirvieron para que el ministro saliera de otra de sus crisis. Sino que también fueron la primera señal de que el Gobierno definitivamente comenzaba a ejecutar lo que se había trazado en febrero, cuando se hizo aquella megarreunión de gabinete en donde además se produjo la arenga del "motivador" Fabián Pérez y en la que el eje fue que, en los dieciocho meses que restaba de gestión, esta administración flaca y desgastada se jugaba sus únicas fichas.

Un tema clave. Jaque decidió avanzar en la reestatización de Obras Sanitarias. No hay antecedentes en Argentina de intervenciones que hayan durado un año, como apunta a durar la de la empresa mendocina, sin que se noten las consecuencias en las inversiones que requiere la empresa y que el Estado nunca aportó hasta el momento.

Otro punto. Para sorpresa del mismo involucrado, el mandatario envió el lunes el pliego de Joaquín de Rosas como postulante a fiscal de Estado. Ese cargo en el organismo de control está vacante desde hace casi un año y el propio De Rosas, el sábado, no sabía nada de su designación.

Adrián Cerroni, ministro de Hacienda, le pidió el miércoles la renuncia a la directora General de Rentas, Alicia Chacón. La ex funcionaria arrastra desde 2008 una denuncia por el no pago del impuesto a los Ingresos Brutos de unas propiedades. Pero quizá allí no habría que buscar el motivo del alejamiento.

Durante 2008 y 2009, la recaudación si bien creció, lo hizo muy por debajo de los niveles de otras provincias. Para 2010 se estima que ese crecimiento será 10 puntos por debajo de lo esperable, lo que para el fisco representa unos $150 millones. Se perdieron meses en la lucha contra la evasión, que ahora serán muy difíciles de recuperar.

¿La apuesta es la minería?

sobre todos estos movimientos, uno llamó la atención: tras dos años de silencio, el Gobierno volvió a hablar de minería.

Primero se designó a una directora, Adriana Blesa. Y luego se anunció que se le dará un fuerte impulso a una actividad en la que Mendoza desapareció del mapa.

El envión seguramente responde a lo que sucede en San Juan. Pero también surgieron presiones desde Buenos Aires. El Gobierno nacional sigue con atención el futuro del proyecto Huemul, que está tramitando sus permisos de exploración de uranio en Malargüe.

Ese yacimiento tendría reservas suficientes para abastecer a las centrales nucleares de Atucha, que hoy se alimenta con el metal importado de Kazajistán a un costo de U$S100 millones anuales.

Pero todas las señales que se puedan dar chocan contra las pujas en el seno del Gobierno y fundamentalmente contra la ley. Son conocidas las diferencias en el corazón del gabinete con respecto a qué hacer con la minería metalífera y no es un secreto que el secretario de Ambiente, Guillermo Carmona, está lanzado a una candidatura por la gobernación subido a su política de cuidado del medio ambiente. No por nada a los seguidores del subsecretario y a su línea interna los llaman "los verdes".

Pero si se llegara a superar esta barrera, queda otra. La Ley 7.772, sancionada durante el gobierno de Julio Cobos y conocida como "ley antiminera", que bloquea sin más a proyectos como Huemul. Un impulso a la actividad no puede pasar por otro lugar más que por una modificación de esa norma.

Si esto sucediese, se revelaría un interés cierto del Gobierno por cambiar el estado de cosas. Si no, estaríamos ante un nuevo espejismo.