El 3 de febrero, uno de los tres imputados en la causa de los "recorridos inflados", el ex secretario de Obras y Servicios Públicos, Jaime Leonardo Sterin, apeló la resolución que lo procesó y pidió la nulidad de ese procesamiento y del embargo por 600 mil pesos que recayó sobre sus bienes y los de los otros dos imputados. La sentencia del juez federal Pedro Zabala, titular del Juzgado Federal de Santa Rosa, también involucró al ex intendente Alcala y al que fuera director de Servicios Públicos durante su gestión, Arturo Mario Ripa.

En su origen, la causa tenía un cuarto imputado, el dueño de la empresa El Indio SRL, Diego Carlos Osorio, pero falleció en julio de 2007, mientras se sustanciaba la investigación. La firma prestaba el servicio de transporte público urbano de pasajeros en la ciudad, hasta que el propio gobierno de Alcala le rescindió el contrato, para luego adjudicarle el servicio a la firma Plaza, actual prestadora.

Juicio oral y público.

Sterin, con el patrocinio legal del abogado Mariano Alomar, es el primero de los tres procesados en apelar la sentencia ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, con reserva del caso federal. El recurso de apelación al que accedió esta columna (Expediente N° 477/06) está caratulado como: "Fiscal Federal s/Solicita Intervención en causa 'investigación preliminar s/subsidios al gas oil de la CNRT'".

Si bien todavía queda por verse la resolución de la Cámara y el último recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pareciera que tanto Alcala, Sterin como Ripa se encaminan hacia el juicio oral y público. En primera instancia la Justicia logró determinar que el empresario Osorio, para esa presunta maniobra defraudatoria, contó con la complicidad, directa o indirecta, de los funcionarios municipales, que avalaron con sus firmas las planillas que El Indio entregaba a la Secretaría de Transporte de la Nación con los kilometrajes.

De allí se recibían los tan mentados subsidios para no aumentar las tarifas. Aquellas llegaron por dos vías. La primera mediante el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) y la segunda por un coeficiente en el que se tienen en cuenta los kilómetros mensuales recorridos, la recaudación, la cantidad de pasajeros transportados y el parque móvil afectado al servicio. La denuncia del bloque del Fregen fue contundente.

Apelación y cargos compartidos

La Defensa de Sterin sustenta su apelación en que su cliente no tuvo la oportunidad de declarar una vez producidas las pruebas. Por esa omisión, esgrimen, se violentó el derecho de defensa y por eso piden la nulidad del procesamiento. Argumentan, además, que el "derecho a ser oído está expresamente garantizado por el artículo 8 inciso 1° de la Convención Americana sobre Derecho Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

Otra parte de la apelación se ampara en el denominado "Derecho de Confianza". Esa figura hace alusión a las responsabilidades que corresponden a cada uno de los estamentos de la administración pública en los actos que allí se realizan a diario. En ese sentido, el abogado de Sterin se ampara en el pliego de concesión del servicio público de pasajeros de la ciudad, el cual "establece en su artículo 92 que la inspección al concesionario será ejercida por la Dirección de Tránsito y Transporte (luego Dirección de Protección Ambiental y Servicios Públicos)".

Esa estrategia defensiva pone a Ripa como el principal responsable, junto al personal que confeccionaba las planillas donde El Indio declaraba los kilómetros que recorría por día para prestar el servicio.

Alomar solicitó pasar del embargo a la multa ya que el resolutorio cuestiona el embargo dispuesto "por cuanto excede el límite legal que determina el Código Penal para supuestos como el que nos ocupa". Finalmente agregó que "dicha norma contiene -en abstracto-, exclusivamente, pena de prisión. No obstante, por aplicación del artículo 22 bis de la normativa penal de fondo, podría aplicarse pena de multa, cuando los autores hayan actuado con ánimo de lucro".

Santos inocentes.

El 28 de diciembre del año pasado el Juzgado Federal procesó a Alcala, Sterin y Ripa por el delito de fraude contra la administración pública y les embargó bienes por un valor de 600 mil pesos. Fue uno de los pasos más importantes en una causa que estuvo mucho tiempo demorada por la ingente cantidad de recursos presentados por los abogados defensores. Primero dos de los tres procesados y Osorio pidieron la nulidad de sus indagatorias, pues supuestamente se habrían violentado sus derechos del debido proceso y de defensa en juicio, cuestión ésta en la que se ampara la apelación de Sterin.

Finalmente, tanto Alcala como sus dos ex funcionarios (Osorio ya había fallecido), quedaron procesados porque se descubrió que la empresa de transporte de colectivos de la ciudad tenía los recorridos del transporte urbano de pasajeros sobrevalorados, una maniobra para cobrar más subsidios del Gobierno Nacional.

El caso se inició en julio de 2006 con una denuncia pública de los concejales del Fregen, Claudia Giorgis (actual diputada provincial) y Alfredo Carrascal (hoy dedicado a la actividad privada). Enterado de la grave acusación, Jorge Bonvehí, quien en ese entonces subrogaba la Fiscalía Federal de esta capital, actuó de oficio e inició la causa penal.

Los ediles, que integraban un interbloque opositor junto a sus pares de la UCR y el ARI, habían recabado información para comprobar si realmente la empresa recorría el kilometraje que plasmaba luego en su declaración jurada. La investigación incluyó el seguimiento de los coches de las distintas líneas en autos particulares, además del trabajo de un profesional apoyado con un equipo de GPS.

La fiscal titular, Marta Odasso, tomó el caso e impulsó definitivamente la investigación con la firme sospecha de que el empresario contó con la complicidad de los funcionarios municipales que avalaron con sus firmas las planillas que El Indio entregaba a la Secretaría de Transporte de la Nación con los kilometrajes.

La firma tuvo la concesión municipal del servicio de transporte público hasta el 30 de septiembre de 2006. El Indio recibió entre enero de 2005 y junio de 2006 un subsidio en efectivo de 843.715 pesos y 1.176.568 litros de gasoil a bajo costo. Una pauta de las presuntas irregularidades en aquella época la dio la mismísima Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNR) cuando, luego de la denuncia de los ex concejales del Fregen y la UCR, le redujo los subsidios a Osorio de 1,9 a 1,2 millones de pesos anuales, además de ajustarle los kilómetros por línea y las frecuencias semanales.

Acusación a Ripa, Arbarellos y Fiks

Uno de los argumentos de Alomar para pedir la nulidad del procesamiento de Sterin apunta a deslindar responsabilidades en Ripa, entonces director de Protección Ambiental y Servicios Públicos. "Ha quedado suficientemente acreditado que la confección material de las planillas era tarea de la señora Albarellos y Fiks, bajo la supervisión de Ripa", reza la apelación. El área que dirigía este último tenía a su cargo la relación entre el Municipio y El Indio. El Fiks apuntado en la apelación de Sterin es Rodolfo, actual director de Tránsito de la comuna.