gobernador Alfredo Cornejo eligió al actual secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, como candidato a ocupar el cargo de Superintendente del DGI.

Poco se sabe qué preparación previa tiene el sanrafaelino para eso. Sólo que es ingeniero agrimensor y que ha ocupado algunos cargos clave, como director del EPAS y subsecretario de Ambiente, entre otros.

El funcionario no ha querido hablar al respecto. Dicen que lo hará “después de la audiencia pública”, el 12 de abril.

Lo que sí es posible conocer entonces, es en qué condiciones recibirá, de manos del justicialista José Luis Álvarez, al ente que administra el abastecimiento acuífero de todas las zonas irrigadas de Mendoza, unas 400 mil hectáreas.

Si Marinelli accede al cargo de “gobernador del agua”, lo que se sabrá el 18 de abril tras la sesión de acuerdo del Senado, encontrará un organismo cuyo presupuesto no llega al 1% del de la provincia (0,78%).

La pauta de gastos 2017 del DGI es de $ 510.180.000, según la resolución 641 del Tribunal Administrativo (la pauta provincial es $ 66.957,7 millones).

Si bien le toca al Gobernador proponer al superintendente, el DGI -contemplado en la sección VI de la Constitución provincial (artículos 186 al 196)- es un ente autónomo y autárquico. Es decir que la provincia no lo incluye en su presupuesto, lo que significa que esos $ 510 millones provienen exclusivamente de sus ingresos.

Para ello, unos 90 mil regantes pagan una cuota mensual que en hoy promedia $ 900 anuales por hectárea regada, siempre que lo que paguen sea el coeficiente “riego agrícola", considerado la unidad de medida para ese fin. Algunos pueden pagar hasta 4 veces más, cuando se trata, por ejemplo, de “riego recreativo”.

De ese presupuesto, la sede administrativa central absorbe $ 92,5 millones. Unos 120,6 millones se reparten en las 6 subdelegaciones de cuencas (de los ríos Mendoza; Tunuyán inferior; Tunuyán superior y Tupungato; Diamante; Atuel y Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado).

Otros $ 130 millones van para aguas subterráneas y el resto va a control de contaminación ($ 29 millones); obras menores ($ 77 millones); red telemétrica ($ 26 millones); fondo de desarrollo hídrico ($ 18 millones) y generación hidroeléctrica ($ 11,6 millones).

Según funcionarios del DGI, “el 44% del presupuesto se destina a sueldos”.

Mucho se ha dicho, sobre todo tras las denuncias del diputado radical Gustavo Villegas (que aspiraba a la Superintendencia), que Álvarez había intentado ubicar personal en la planta. Sin embargo en su entorno se jactan del “ajuste” hecho en los últimos cinco años, ya que dejan el Departamento con menos gente que cuando lo recibieron. “En 2012 había 559 empleados y ahora son 548”, remarcan.

La información a la que accedió Los Andes señala que el sueldo “promedio” del personal va de $ 16 mil a $ 17 mil. “En la última paritaria se garantizó que nadie cobre menos de $ 10 mil”, dicen los informantes, y señalan que, al igual que en la mayoría de los casos de los estatales, la paritaria 2017 se cerró con 17% de aumento (10% en febrero y 7% desde julio).

Quien más cobra es el superintendente, cuyo haber ronda los $ 60 mil de bolsillo. “Siempre se buscó que no reciba más que el gobernador de Mendoza”, añaden los voceros.

El “mundo Irrigación” también contempla 143 inspecciones de cauce, cada una con un inspector y tres delegados. Ninguno cobra sueldo, aunque los inspectores reciben viáticos que promedian $ 9.500 por mes. El presupuesto de las inspecciones de cauce abarca $ 300 millones, que no salen del presupuesto del ente.

Sobre lo administrativo, la gestión saliente dice que “no hay deudas” con proveedores. “Los pagos nunca se demoran más de 15 días”, agregan.

Advierten que la disponibilidad de fondos es tal, que el próximo superintendente “no tendrá que preocuparse” por pagar sueldos. Es que al parecer Álvarez hizo los deberes y armó un “colchón” de ahorros. “Hay para pagar diez nóminas”, dicen.