El gobierno porteño admitió ayer que los natatorios de clubes barriales y deportivos, colegios y hoteles presentan irregularidades vinculadas a cuestiones edilicias que impedirían su habilitación, regidas en una ley votada en 2009 por la Legislatura.
Ante esta situación, el Ejecutivo solicitó a los diputados la eliminación de esa norma, pero los legisladores, en principio, adelantaron su negativa.
La discusión sobre los alcances de la norma que regula la habilitación de los natatorios, que será debatida el 22 próximo, comenzó en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, donde concurrieron funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad (AGC).
Entre éstos estuvo el titular de la AGC, Javier Ibáñez, quien defendió el decreto de necesidad y urgencia que firmó el 18 de enero pasado el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en el cual pedía a la Legislatura que ratifique la suspensión de la ley 3364, sancionada en diciembre del 2009.
Esta ley incorporó al Código de Habilitaciones nuevos requisitos para los natatorios públicos, semipúblicos y especiales instalados en la Ciudad y planteaba un plazo de 180 días para la readecuación de las instalaciones a sus dueños.
Pero según el texto del decreto, se efectuó un relevamiento que muestra que "casi dos tercios de los natatorios presentan irregularidades relacionados con requerimientos constructivos y de documentación" que "obligarían a la inmediata clausura" de las piletas por carecer de habilitación para su funcionamiento".
"La ley aprobada tiene cosas buenas y cosas que no son aplicables, por eso les pedimos a los diputados que revean la norma porque los natatorios no cumplen con el 100% de los nuevos requisitos", expresó Ibáñez a los diputados.
Al respecto, remarcó que "el decreto surge por la inaplicabilidad de una ley que hubiera dejado cerrado a todos los natatorios" y planteó que quede vigente la normativa que regía antes de la ley 3364 hasta que la Legislatura discuta una nueva reglamentación.
Sin embargo, la propuesta del funcionario no fue bien recibida por los legisladores de la oposición, quienes subrayaron que la ley sancionada es correcta y que, en todo caso, la solución podría darse a través de subsidios para que se logre adecuar las instalaciones que ocupan esas piletas.
"Todo lo que dice la ley es correcto y no hay que modificar en nada", dijo el legislador Jorge Selser, presidente de la Comisión de Salud.
La diputada Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro, señaló que se podría estudiar la posibilidad de "ayudas o subsidios" para que cumplimenten con las exigencias de la normativa.
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