Los trabajadores se acercaron ayer a esta redacción en horas de la tarde. "Siempre que se habla del Ipesa se hace foco en los operadores y se dice cualquier cosa sobre nosotros, pero nadie conoce nuestra realidad", explicaron. Dijeron que llevan tiempo peleando para que el gobierno provincial los reconozca como empleados que trabajan con adolescentes con problemáticas complejas, al punto que algunos llegan a la institución enviados por jueces de menores tras cometer homicidios o violaciones.

Sin embargo, explican, siguen encuadrados como administrativos en la Ley 643, en el área de "servicios generales". "No tiene nada que ver. No trabajamos con papeles ni cortando yuyos", protestaron. Actualmente son 18 los operadores del Ipesa, los cuales cumplen jornadas de 12 horas, en turnos rotativos que van de 7 a 19 y de 19 a 7 horas.

Riesgos.

Petracco, con seis años de antigüedad, y Canale, con cinco, resaltaron que los operadores no son "carceleros", no tienen "engrillados" a los chicos, ni los ponen en "celdas de castigo". Aseguran que trabajan de acuerdo a los lineamientos terapéuticos que bajan los coordinadores y la Dirección y que comparten comidas, juegos, talleres y salidas familiares y de recreación con los chicos. "Muchos han ido por primera vez al cine por iniciativa nuestra, porque no lo conocían", contaron.

Explicaron que si se oponen a algunas salidas es por la pésima manera en que están organizadas, sin medir los riesgos para los chicos y ellos mismos, como en la oportunidad en que llevaron a un juzgado a un adolescente que había cometido un homicidio y tuvieron que abandonar el edificio raudamente por temor a que lo atacaran los deudos de la víctima, que se encontraban en el mismo lugar. Aducen que cuando acuden a esos lugares, lo hacen caminando con el menor por la vereda, sin protección policial para prevenir una posible agresión hacia el chico o ellos.

Lo mismo aducen, ha ocurrido con operadores que acompañan a un chico de una localidad cercana que cometió un crimen contra un vecino. "Los operadores lo acompañamos, pero no tenemos garantía de que no le pase nada si un familiar o amigo del vecino lo ve y viene a cobrar venganza", plantearon.

Ambos señalaron que la relación con los chicos es buena, al punto que cuando egresan no se quieren ir porque vuelven a la dura realidad de sus hogares.

-¿Eso sucede siempre?

-Siempre. Del Ipesa salen los chicos con un conocimiento y cuando regresan a su casa no tienen nada. Terminan en la Alcaidía de Santa Rosa o la de Pico o en la cárcel de menores (U-30).

-¿Son, mayormente, hijos de familias indigentes?

-Sí. Hubo dos o tres casos de chicos que no, pero fueron excepciones.

-¿El contexto familiar es de padres ausentes?

-Sí, en su mayoría. Hay casos en que tuvimos al hermano mayor, al del medio y después al más chico.

Cinco años después, admiten errores

Durante un acto realizado ayer en el marco de la Semana de la Memoria en el ex Palacio de Justicia, el Ministerio de Bienestar Social firmó un acta acuerdo por el cual se comprometió a derrumbar las celdas de castigo de los menores alojados en el Ipesa, las cuales serán, según se informó, transformadas en habitaciones.

La gestión actual al frente del Gobierno, encabezada por Oscar Mario Jorge, es la continuidad de la del actual senador Carlos Verna, quien inauguró el Ipesa, luego de cerrar en forma definitiva el Proyecto Vida. Cuando se inauguró, en 2006, el edificio de la calle Palacios fue duramente cuestionado por el Comité Argentino para el Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, que lo comparó con una "cárcel para niños".

El gobierno desestimó las críticas y siguió adelante con la construcción. Ahora, cinco años después, parece dar el brazo a torcer.