Mientras se empiezan a adjudicar las primeras viviendas del año, las autoridades del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) volvieron a advertir sobre la usurpación de casas sociales. Esto ocurrió al menos en seis localidades, según indicaron los voceros consultados, por lo que se reforzó la custodia policial en los barrios que se están por entregar y se empezó a sacar de los listados de beneficiarios a los anotados que realicen tomas.

Según explicaron voceros del Instituto, "hubo casos de tomas en algunas casas de Santa Rosa y General Pico, aunque la vigilancia de éstas dependen de las empresas constructoras. Pero también ingresos en lugares como Anguil, Uriburu o Bernasconi, donde ya las casas terminadas han sido entregadas a la Provincia para su adjudicación".

En Anguil y Uriburu, se explicó, hubo aberturas rotas y se encontraron elementos como prendas en el interior. En Uriburu hasta se hicieron pintadas en las paredes. Y en Bernasconi hubo otra toma. En todos tuvo que intervenir la policía local. En Santa Rosa ocurrieron en varios puntos, uno en una casa del barrio que construía Andreatta y que dejó cuando rescindió el contrato.

"Hay preocupación por estos casos. Esto antes no ocurría. Y hay que entender que la usurpación es un delito, y que por eso quienes tomen una casa van a ser retirados de los listados, ya está tomada la decisión. Pero además está el costo y distracción de personal policial para estos casos", reiteraron desde el IPAV a LA ARENA ante una consulta puntual.

Esto ocurre en momentos en que se van a comenzar a entregar algunas casas sociales en localidades. En Anguil se trabaja para adjudicar cuatro viviendas y dos en Carro Quemado. Y está todo listo para adjudicarlas a fines de marzo y en el mes de abril dos en Abramo, doce en Gobernador Duval, cuatro en Puelches, seis en Luan Toro, dos en Monte Nievas, seis en Colonia Santa Teresa, cuatro en Conhelo, y seis en Loventué.

En un informe realizado durante la semana pasada, se había informado que en el último año hubo 2.254 nuevos inscriptos en las listas de posibles beneficiarios para una casa social del organismo y las autoridades explicaron que nuevamente la nómina trepó a más de 10.000 postulantes. Y se aclaró que ante la presión social por un techo propio, los anotados no corren peligro de no obtener la suya. Actualmente se están construyendo 2.111 viviendas que serán entregadas este año y otras 353 se están por empezar a construir en los próximos meses. Además en 2014 se licitarán 2.500 nuevas unidades habitacionales.

Las autoridades explicaron a LA ARENA que "el registro de inscriptos se mantiene en número porque aunque se entregue la cantidad de viviendas que se proyectan anualmente, hay muchos jóvenes con hijos que van anotándose permanentemente". Entre los nuevos inscriptos figuran muchas madres y parejas jóvenes de unos 20 años, y muchos con dos hijos, lo que habla de la presión social por acceder a una vivienda.

Inquietante denuncia de una adjudicataria.

Daniela Sánchez, una vecina del barrio Santa María de La Pampa, hizo pública una situación insólita: desde que le entregaron la casa, sobre finales de 2007, nunca pagó los impuestos municipales de su vivienda porque la nomenclatura catastral de su referencia corresponde a otro barrio.

Su descubrimiento surgió cuando fue a reclamar porque en el recibo de impuestos municipales le llegaba una deuda de agua potable que databa del año 2006, cuando el barrio no existía. Allí le explicaron que había un error y le pidieron que se acogiera a una moratoria porque debía los municipales desde la adjudicación hasta la fecha.

Para peor, la mujer quiere ampliar la casa y se encontró con otro obstáculo: en el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) y en la Dirección de Inspecciones, que depende del Ministerio de Obras Públicas de La Pampa, le dijeron que no tienen los planos de su vivienda y que será imposible conseguirlos dado que la empresa que la construyó, Andreatta, entró en quiebra.

"En el IPAV me atendió una arquitecta y me puso la nomenclatura que correspondía, y me pidió una copia del plano para hacer la corrección. Cuando fui la semana pasada a preguntar qué había pasado con eso, me dicen que la arquitecta se jubiló y que, si quiero un plano, tengo que ir a (la Dirección Provincial de) Vialidad a hablar con los inspectores de obra", explicó. En ese edificio funcionan oficinas de Obras Públicas, como Inspecciones.

En el municipio le explicaron que todas las instalaciones de su casa, las de gas natural y energía eléctrica, se hicieron con un permiso provisorio. Sánchez aseguró que luego de recorrer distintas oficinas públicas concluyó que su casa no es la única sin plano, sino que las 128 del barrio, construidas por Andreatta, están en la misma situación y cree que podrían estar igual otras casas levantadas en otros barrios Fonavi por la misma constructora.

En la Dirección de Catastro del municipio le dieron la nomenclatura correcta de su casa de barrio, con la cual podrá acceder a la moratoria de impuestos municipales. Entre los papeles que le entregaron al momento de la adjudicación, relató que cuenta con las autorizaciones de Camuzzi Gas Pampeana para la instalación del termotanque, el calefactor y la cocina y un plano incompleto, donde está inscripta la nomenclatura catastral equivocada.

Usurpación: los terrenos son municipales.

La concejala Cecilia Roigé (Frepam) accedió al expediente administrativo y confirmó allí que los terrenos que están ubicados en la zona norte de la ciudad, al lado de las viviendas del programa Provincia y Municipio, son de propiedad de la comuna santarroseña.

Ante esta situación, la edila opositora se quejó porque "las autoridades permitieron la usurpación de los terrenos y no hicieron nada para defender los bienes del municipio, que ahora fueron ocupados ilegalmente, y encima en una zona que es inundable".

Roigé accedió a los expedientes de la Secretaría de Desarrollo Social. La documentación indica que en 2009, inspectores informaron que los terrenos son municipales y que hasta ese momento las tierras no estaban ocupados en forma ilegal, algo que sucedió un año después.

"A pesar de esto, las autoridades municipales permitieron que la gente construya sin habilitación, apropiándose de los terrenos", dijo la concejala. Y agregó: "Lo preocupante es que se trata de una zona inundable, porque en el expediente no consta la certificación de no inundabilidad".

Las familias que viven en el barrio PyM sufrieron fuertemente la última inundación y terminaron con el agua hasta el pecho, incluyendo la pérdida de muebles, ropa, útiles y mercadería. Ante esto, Roigé reclamó una solución para los vecinos de esta zona de la ciudad, que sufren esta situación cada temporada.

En agosto de 2013, los concejales del Frepam denunciaron públicamente que en esos terrenos, que son municipales y que están en una zona inundable, se hicieron viviendas construidas bajo la operatoria Provincia y Municipio. Pero varias parcelas de esa manzana quedaron sin construir, por lo que el municipio de Santa Rosa mantiene la titularidad, aunque se hayan ocupado ilegalmente.