La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los votos de los jueces Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, rechazó el recurso extraordinario federal y confirmó la condena contra el ex abogado del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, Fernando Gutiérrez, a tres años de prisión en suspenso, por el delito de defraudación a la administración pública, cometido a través de una maniobra con cheques.

Los jueces dijeron que el recurso era “inadmisible”.

De esta manera el más alto tribunal del país ratificó la condena impuesta por la Cámara en lo Criminal 1, en octubre de 2010, que luego mantuvo el Tribunal de Impugnación Penal ante un recurso de la defensa y el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, a través de un recurso de casación.

Uno de los cuestionamientos de Gutiérrez fue que el fallo debió ser anulado porque la Cámara estuvo conformada por los jueces subrogantes Enrique Fazzini, Jorge Cañón y Guillermo Perdigués.

El actual asesor letrado de la Dirección Provincial de Transporte, fue encontrado culpable, como partícipe primario, de la defraudación que cometió su esposa, Flavia Lorena Peñalva, por entonces empleada "en negro" del IPAV, ya que sin su colaboración la mujer no habría podido cobrar en el Banco de La Pampa 267 cheques del IPAV por 624.260,42 pesos entre los años 1999 y 2003.

En 2009, la propia Peñalva había sido condenada a 3 años y 8 meses de prisión efectiva por el mismo delito, aunque luego esa pena fue reducida por el TIP, lo que le evitó volver a prisión. A su vez una hermana, María Marta, recibió tres años en suspenso como partícipe primaria.

La justicia encontró a Gutiérrez responsable del cobro irregular de un cheque por 9.789,45 pesos que supuestamente iba a servir para pagarle a un estudio jurídico porteño, aunque ese pago no fue acreditado en el expediente por su defensa.

Fue condenado a tres años de prisión en suspenso, a pagar una multa y no podrá ejercer cargos públicos por 10 años.