Allí se expone: "En mi carácter de Gerente General del IPAV comunico a Usted que con fecha 17 de febrero de 2011, este organismo fue intimado de pago y notificado del inicio de juicio de apremio por deudas de tasas por servicios municipales, sanitarios y contribución de mejoras de la Municipalidad de Santa Rosa, por la suma de (...) pesos, con más sus intereses y costas del juicio, en nuestro carácter de titular registral de la vivienda identificada como (...), Circunscripción (...), Radio (...), Manzana (...), Parcela (...)".

La nota de Elorriaga, continúa: "Que, siendo Usted el adjudicatario poseedor de la vivienda mencionada correspondiente al Plan (...), y usuario y poseedor de los conceptos motivo del reclamo a cuyo pago se encuentra obligado por contrato de venta, se lo intima a regularizar la situación de deuda por ante las dependencias comunales respectivas, haciéndole saber que este organismo iniciará las respectivas acciones judiciales de rescisión contractual con caños y perjuicios en caso de omitir la regularización intimada".

Intimación comunal.

Pese a los contactos telefónicos con el IPAV, fue imposible ayer tener la palabra de alguno de sus responsables para tener más precisiones de las intimaciones cursadas a los adjudicatarios. A la hora del primer llamado, poco después de las 13, el gerente general no se encontraba en su oficina y el gerente contable se encontraba en una reunión.

Tras dos nuevos intentos, como sugirió la persona que atendió el teléfono, nadie respondió.

La carta documento de la comuna, entregada por una empresa de correo, está fechada el 17 de febrero, aunque fuentes municipales indicaron que se trata de un juicio de apremio iniciado el año pasado, pero que recién fue diligenciado en 2011.

La réplica del Instituto, intimando al adjudicatario-poseedor de la unidad habitacional, pone en evidencia la razonabilidad de las autoridades comunales que piden compensar la deuda de Santa Rosa a Aguas del Colorado (de varios millones de pesos) con las que el IPAV tiene en concepto de tasas, que cuantificaron en alrededor de 30 millones de pesos.

Sin embargo, en el municipio desligaron esos juicios de apremio -que en realidad son varios- de esa pelea política por recuperar el monto millonario. "El tema es así: la Dirección de Rentas monitorea el pago de las tasas por barrio y donde observa que una referencia no está pagando, solicita un informe de dominio. Cuando observa que se trata de una vivienda del IPAV que no está escriturada intima al Instituto y al adjudicatario porque ambos son deudores solidarios", explicaron las fuentes.

Cuando la semana pasada LA ARENA publicó un acuerdo de compensación entre la comuna y el IPAV, en 1998, cuando era intendente Oscar Mario Jorge y vicepresidente del IPAV, Hugo Agüero, también por tasas adeudadas y obras de infraestructura en barrios, desde el gobierno provincial se quiso desacreditar el acto administrativo ahora demandado con el producido hace 13 años, diciendo que la Provincia no es legalmente "co-deudora" de los adjudicatarios que deben las tasas, y que en el caso de Aguas del Colorado, se trata de una sociedad anónima.

En este debate, el intendente Francisco Torroba insistió en que es necesario acordar "políticamente" el tema con Provincia, y volvió a reclamarle una audiencia al gobernador Oscar Jorge, a la par de demandar que el IPAV otorgue las viviendas con escrituras para evitar estas consecuencias.