En el encuentro parlamentario semanal, que comenzó con la clásica hora y media de retraso, los legisladores de la Cámara alta giraron a la comisión de Trabajo, para su pormenorizado estudio, el proyecto de ley de autoría del radical Noel Breard por el que se establecen normas para regularizar al personal que trabaja en forma precaria (locación de servicios, más comúnmente conocidos como “factureros”) en las dependencias del INVICO.

Tal decisión fue tomada por unanimidad sin criterios discordantes. Sin embargo, el debate comenzó cuando el propio Breard pidió el acompañamiento del cuerpo para avalar otra iniciativa, en este caso un proyecto de Resolución, por el que solicita un pedido de informes al INVICO sobre una serie de aspectos del funcionamiento de la entidad.

En tal expediente se hace mención a la supuesta millonaria deuda que el Gobierno nacional tendría con el INVICO. Quien rechazó tales apreciaciones fue el legislador justicialista Jorge Barrionuevo. Si bien el senador peronista finalmente también avaló el pedido de informes, dejó sentada la posición su bloque en la que niegan la existencia de tal deuda.