Investigan el alquiler de un edificio donde funcionan Juzgados Federales

Investigan el alquiler de un edificio donde funcionan Juzgados Federales

El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani presentó una denuncia para que se investigue el presunto delito de fraude, evasión y lavado de activos.

Luego de una información publicada en 0223, el Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, presentó una denuncia penal por los posibles de delitos de incumplimiento de los deberes, fraude en perjuicio de la administración, evasión tributaria y lavado de activos por la mudanza de Juzgados Federales al inmueble ubicado en Independencia N° 3179.

Contratación directa en la mira

A través de la resolución administrativa N° 113/2016, según consta en la denuncia a la cual tuvo acceso este diario digital, el Director general a cargo de la secretaría general de Administración de la Procuración, Jorge Daniel Argüello, resolvió adjudicar a la firma “Dale Nena” la contratación directa por exclusividad para la locación de un inmueble ubicado en Independencia N° 3179 por el termino de 36 meses. El gasto del alquiler a asciende a un monto total de $ 6.948.000. Es decir, casi 195 mil pesos por mes.

En su presentación judicial, Pettigiani explicó que “lo llamativo de la resolución –y que deberá investigarse- es que la contratación se realiza en forma directa por exclusividad, es decir, se contrata de esta manera ‘al no haber en toda la ciudad’ un edificio que cuente con las características requeridas, dejando de lado la regla establecida por la Procuración en torno a que la contratación se realice mediante el mecanismo de Licitación Pública”.

A su vez, el exfiscal de Delitos Económicos sostuvo que “la citada resolución informa de la realización de un amplio relevamiento, que se descartaron decenas de inmuebles, y que finalmente el Área Técnica encontró sólo dos inmuebles que cumplían con las condiciones técnicas, optando finalmente por el inmueble que ocupamos. Es decir, que ese relevamiento, y posterior descarte, realizado en forma informal se tendría que haber realizado mediante la formalidad del llamado a licitación pública, tal como se hiciera en las ciudades de Córdoba y Formosa, garantizando la posibilidad del acceso a todos los interesados de la ciudad”.

“Según informa la resolución en análisis, se firmó, con fecha 14 de septiembre del 2015, una Carta Intención de locación mientras que el traslado se produjo recién a fines del mes de enero, atento que el edificio no estaba en condiciones. Es decir que, al menos, transcurrieron cuatro meses desde que se firmó la carta intención hasta el efectivo traslado del edificio por lo que la elusión del llamado a licitación pública que, recordemos, tiene por objeto obtener la mayor cantidad posible de ofertas entre las cuales seleccionar la más conveniente, no resultaría justificada por la urgencia”, añadió el fiscal federal.

Más dudas sobre “Dale Nena”

Por otra parte, Pettigiani afirmó que “otro dato llamativo resulta ser que, pese a la urgencia, se aprueba un edificio que no estaba terminado, inhabitable al momento de la carta de intención, debiendo la Procuración afrontar detalles vinculados a la terminación y, durante meses, abonar una altísima multa a partir del acuerdo de desalojo firmado con los propietarios de la Villa Normandy, anterior edificio, que ascendería a $5.000 diarios. El segundo punto que debería despejarse, tiene que ver con quien resultaría el verdadero propietario del inmueble locado, atento que el beneficiario del contrato resulta ser Dale Nena SRL”.

En ese sentido, el fiscal dijo que la firma comercial estaría integrada “aparentemente personas sin capacidad comercial no solo construyeron un edificio de nueve pisos, sino que además, logran contratar con la Procuración General de la Nación”.

“Estas personas serían las titulares de una sociedad que aparentemente sería propietaria o administradora de un edificio de nueve pisos en el macro centro de Mar del Plata y resultó favorecida por un contrato de $ 6.948.000, sin que, aparentemente, sus antecedentes personales pudieran justificar tal movimiento económico”, finalizó Pettigiani.

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