Fernando GonzalezLa detención del jefe sindical de los peones rurales, Gerardo Momo Venegas, puede leerse de dos formas. Si la Justicia fuera un poder absolutamente confiable en la Argentina podría entenderse como otro eslabón de la investigación sobre la venta de remedios adulterados que ya tiene preso al gremialista bancario, Juan José Zanola, y ahora procesado a quien fue el recaudador de la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007, Héctor Capaccioli.
Pero conviene detenerse en ciertos datos. El juez de la causa es Norberto Oyarbide, salvado del juicio político por el menemismo y célebre por sus decisiones de equilibrio político (investiga las denuncias de corrupción sobre Ricardo Jaime, quien nunca estuvo detenido, y dio por cerrada las denuncias por supuesto enriquecimiento de los Kirchner). Venegas fue detenido ayer a la mañana, antes de ser interrogado, y sin que hubiera sospecha de que se pudiera fugar.
Para Eduardo Duhalde, aliado político de Venegas, se trata de un acto de persecución del Gobierno. Mañana, cuando declare en Tribunales, se espera que duhaldistas y kirchneristas se hagan presentes en el lugar, unos para respaldarlo y los otros para hostigarlo. Prueba evidente de que el fuego electoral comienza a teñir cada instancia de tensión en lo alto del poder




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