La presentación fue del fiscal de Estado bonaerense, pero el magistrado la rechazó y sigue investigando. Define la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata.
En su investigación Arias echó por tierra el relato del gobierno bonaerense, quien clausuró la lista de víctimas fatales en 51, pero a los pocos días la justicia Penal confirmó que la cifra es de 60 víctimas fatales, aunque extraoficialmente serían 78.
La recusación fue presentada por el fiscal de Estado, Hernán Gómez, funcionario que administrativamente responde a las órdenes emanadas del poder Ejecutivo provincial. El escrito fue acompañado por varios artículos periodísticos con declaraciones del juez Arias, durante las primeras semanas de la investigación.
El magistrado dijo a Diagonales que la recusación fue presentada “fuera del plazo legal establecido” (cinco días) y que fue hecha “en plena etapa de prueba, cuando estamos avanzando sobre el funcionamiento del sistema de emergencia 911 y del procedimiento de identificación de víctimas”.
El funcionario Gómez alegó una tardía percepción de la “gravedad y magnitud de las manifestaciones”, valoración que el juez calificó de “puramente subjetiva que no puede condicionar el ejercicio de la magistratura y el trámite de los procesos en curso, máxime cuando intervine en todos los procesos que se entablan en contra de la Provincia de Buenos Aires, agregando así privilegios procesales de la Administración Pública, con los que ningún otro justiciable cuenta”.
Arias confirmó que rechazó el planteo y que sigue “avanzando” en la pesquisa.
Al conocerse la noticia mediante la red social Facebook, integrantes de asambleas barriales, familiares de víctimas y damnificados expresaron su “bronca” e “indignación” en distintos posteos y prometieron avalar socialmente la investigación en la marcha pautada para este martes 2 de julio, a las seis de la tarde, en Plaza Moreno, al cumplirse tres meses del desastre.
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