Las inundaciones en las provincias de Entre Ríos, Chaco y Corrientes se suman a las que sufrieronCórdoba, Tucumán, Buenos Aires y Salta en el último año, y despiertan una vieja discusión que aporta muy poco. 

Mientras la cuestión se centra en identificar a un único responsable (o al menos a un pequeño grupo), la realidad indica que miles de familias en todo el país están terminando el 2015 de manera trágica, con pérdidas materiales y humanas.

Y lo más triste es que la compasión actual se terminará tan rápido como ocurrió en casos anteriores y todo volverá a funcionar como siempre, es decir, de manera deficiente.

Es imposible negar que Argentina está atravesando un fuerte cambio climático y que para combatirlo, serán necesarias nuevas obras que sean acompañadas por un Estado eficiente y un cambio cultural profundo. 

Esta nueva realidad climática hace que nuestro país tenga más posibilidades de eventos ambientales extremos, como temporales e inundaciones, que superan todos los registros históricos y que dejan al descubierto el deterioro acumulado de la desidia estatal.

Esto puede observarse en la antigüedad de los puentes, vías ferroviarias, rutas y demás obras que componen la infraestructura argentina y que sumadas a la falta de planes de contingencia, generan que el Estado esté ausente cuando más lo necesitan los ciudadanos.

ÑOQUIS, CORRUPCIÓN, EFICACIA Y AUSTERIDAD

De manera alarmante, los argentinos nos hemos acostumbrado a convivir con la corrupción gubernamental y hemos perdido la noción sobre lo dañina que resulta para el país en su conjunto.

Hagamos una simple HIPÓTESIS. Argentina tiene 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires. Supongamos que cada una tiene 10 “ñoquis”, es decir, aquellas personas que cobran un sueldo del Estado y no cumplen ninguna función real. 

Tendríamos 240 ñoquis en todo el país cobrando un sueldo promedio de 10 mil pesos, así que el Estado estaría gastando cerca de 30 millones de pesos al año para mantenerlos. Y esto sin contar las diversas formas de “avivadas” que tiene nuestro país.

Si a esto le sumamos un Estado ineficiente que gasta mucho dinero para ponerse a funcionar, el escenario termina siendo catastrófico porque no hay fondos para encarar las obras necesarias.

Dicho de otra manera: el dinero que debería destinarse a inversiones, se termina usando parapagarle a los ñoquis y para que el Estado “abra sus puertas”, es decir, para gastos corrientes (contratación de personal, salarios, jubilaciones y la compra de insumos, bienes y servicios que requiere el Estado para desarrollar sus funciones).

El escenario parece complejo. Pero en caso de querer revertir la situación, Argentina necesitará un cambio de perspectiva: dejar de pensar en cómo ayudar a los inundados (solidaridad de la clase media) para pasar a discutir qué hacer para reducir la probabilidad de inundaciones.

Sobre todo teniendo en cuenta que los grandes afectados terminan siendo los sectores más vulnerables. ¿Por qué ocurre esto? Las ciudades se empiezan a construir por la parte más alta de una zona, es decir, por donde tienen menores chances de inundarse. 

Además, se construye muchas veces en lugares que alteran el funcionamiento de la naturaleza, como pueden ser los humedales (zona de tierras generalmente planas que funcionan como reguladoras de los excesos de agua y evitan que fluya hacia otros lugares).

Entonces, los terrenos aledaños o más bajos son más baratos, y ahí es donde se instala la gente de pocos recursos que busca estar cerca de la ciudad y conseguir trabajo.

Si queremos corregir la situación, necesitamos que el Estado sea más eficiente que nunca con empleados idóneos que sepan cómo desempeñar sus funciones y que sepan regular dónde se puede construir y dónde no. 

Esto último parece lo más difícil: estamos acostumbrados a que cada gobierno regale cargos estatales a sus “amigotes”, en lugar de nombrar a personas que hayan sido evaluadas sobre su capacidad para desempeñar tareas específicas.

Justamente, el Estado debería estar compuesto por profesionales que ejecuten estudios de impacto ambiental y que sean capaces de determinar qué tan viable es construir o no.

O en caso de que los estudios de impacto ambiental sean ejecutados por los empresarios, debería ocurrir que los evaluadores de esos proyectos sean profesionales honestos que puedan actuar de manera independiente.

El camino es largo y complejo, pero la única salida es un mega proyecto en todo el territorio, con una ciudadanía responsable, y un Estado eficaz y también austero (sobrio, morigerado y sin excesos; según la definición de la Real Academia Española).