Intimación a CALF en medio de la campaña

Intimación a CALF en medio de la campaña

El gobierno municipal capitalino intimó a la cooperativa CALF (gerenciada actualmente por una conducción vinculada estrechamente al MPN) por una deuda de 44 millones de pesos, y se le ejecutó judicialmente un millón de pesos “por deuda acumulada en concepto de ingreso de cementerio”, se informó.

En el contexto electoral, la decisión del municipio fue interpretada como una rápida réplica a la fotografía del candidato del MPN, Omar Gutiérrez, recibiendo el respaldo de la dirigencia de la Cooperativa y el sindicato Luz y Fuerza, ampliamente promocionada el último fin de semana. Sin embargo, desde el quiroguismo se aseguró que no estaba vinculado con esto, sino con una operación “que había largado el tándem Lucca-Domínguez (diputados del MPN) culpando al municipio de las pérdidas de la cooperativa por las tomas”.

Se afirmó además que la intimación se hizo hace unos 15 días.

El secretario de Servicios Públicos Concesionados, Fernando Palladino, sostuvo que, al contrario de os dichos expresados por dirigentes de la cooperativa, el costo del consumo irregular que se produce en los asentamientos no regularizados “está contemplado en la tarifa, es decir que lo pagan todos los usuarios, por lo que no existe ninguna deuda de parte del municipio”.

“En la tarifa que aprueba el Concejo Deliberante se determina el costo de la energía que paga la cooperativa y en ese costo está incluido un 18% de lo que se llama pérdida técnica y no técnica que se refiere justamente a lo que la cooperativa compra y no cobra. Es decir que eso lo pagamos cada uno de los usuarios”, dijo Palladino.

Con respecto a la intimación que se hizo a CALF por la millonaria deuda que mantiene con la comuna, el funcionario explicó que “históricamente municipio y cooperativa realizan una compensación de deudas por distintos conceptos. CALF debe pagar canon, tasa comercial, ingreso a cementerio y el municipio debe pagarle el consumo de alumbrado público, el de los semáforos y el consumo en dependencias municipales”.

“Desde mayo de 2013, ya con Garayo como presidente, la cooperativa dejó de pagar pese a los reiterados pedidos que hemos realizado. También comenzó a incumplir acuerdos de pago que se habían firmado en 2012. Frente a este negativa desde la Administración Municipal de Ingresos Públicos se intimó a la cancelación y si persiste en su postura se iniciará el juicio respectivo”, dijo Palladino.

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