El comité ejecutivo del Partido Liberal dispuso ayer la intervención del Comité Capital y nombró a seis delegados interventores, entre los cuales se encuentra Pedro Cassani y Josefina Meabe de Mathó. Solo un miembro de la cúpula partidaria se opuso.

La intervención se definió pasadas las 22.30, y la medida intentará sofocar la “rebeldía” de los concejales José Marún y Gisela Gasparini, quienes se rehusaron a acatar la orden de las autoridades partidarias de no apoyar el proyecto de Tarifaria del intendente Carlos Espínola. Ambos realizaron ayer una conferencia de prensa para explicar sus acciones y ratificar su postura.

Los otros delegados interventores son los diputados provinciales Bernardo Quetglas y Miguel Pérez, y los dirigentes Ramón Fernández y Gabriel Matta.

En tanto, los concejales Gasparini y Marún coincidieron en que “la posición del Comité es totalmente autoritaria, dedocrática, en función de una autoridad, no de la realidad”.

Según indicaron, “nunca hubo un mandato partidario sobre la Tarifaria, sino una simple opinión de la mesa ejecutiva, que no tiene facultades para ello”. “No hay motivo alguno para intervenir el Comité Capital del partido”, dijeron.

“Las amenazas de intervención vienen de hace largo tiempo. Han dicho que había que intervenir porque había bajado el caudal electoral, que había que evitar una posible alianza con un sector que no es el elegido por la conducción y también han tomado como argumento el acompañamiento a la Tarifaria en el Concejo Deliberante”, explicó Gasparini.

“El único motivo para intervenir es que quieren poner un concejal a toda costa”, dijo Marún.

“No tenemos intereses personales; en realidad venimos acompañando una gestión que consideramos positiva para la ciudad. Lo hicimos totalmente convencidos de que era lo mejor para la ciudad. No hubo ningún mandato partidario, hubo una opinión de la mesa ejecutiva del PL firmada por 7 miembros, y las facultades de la mesa no son fijar políticas, su función es simplemente protocolar y administrativa”, advirtió.

Según trascendidos, los ediles no serían sancionados por su conducta, ya que la inminente intervención en realidad apunta a impedir que el PL aparezca escindido del mapa de alianzas de cara a las elecciones parlamentarias provinciales, dada la buena sintonía de las autoridades provinciales de esa fuerza con el gobierno radical y el contraste que se observa en el principal distrito correntino, donde las buenas relaciones con la intendencia justicialista son evidentes.