El secretario de Economía y Hacienda, José Cano, se retiró ayer de manera intempestiva y visiblemente irritado de la reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Deliberante a la que había asistido para tratar de explicar las razones por las que el Departamento Ejecutivo solicitó una amplia declaración de emergencia para el municipio, por un plazo inicial de 180 días.

El funcionario, quien había dicho que al mediodía debería atender otros compromisos, resolvió dejar el recinto mientras recibía acalorados cuestionamientos de parte del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y luego de haber tenido que responder a algunas preguntas punzantes formuladas por concejales de la oposición.

En medio de un clima de cierta tensión, el secretario decidió tomar las pertenencias que había llevado consigo y se encaminó hacia la salida acompañado por los gritos de reproche de los dirigentes sindicales, quienes habían asistido a la reunión para presenciar el debate.

De este modo Cano dio por concluida su participación en un encuentro durante el cual se vio obligado a superar distintos contratiempos, como por ejemplo, la sorprendente ausencia del presidente de la comisión, el concejal Guillermo Arroyo, hijo del actual intendente.

El secretario no sólo explicitó su malestar por la inesperada inasistencia de Arroyo, sino que además, ante la requisitoria de los concejales, marcó las responsabilidades de otros miembros del gabinete al señalar que cada uno de ellos tendrá que explicar qué piensa hacer en sus áreas una vez que sea declarada la emergencia.

De este modo la secretaria de Educación, Ana María Crovetto; la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, y el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, entre otros, quedaron comprometidos a concurrir al Concejo en los próximos días para brindar los argumentos que el secretario de Economía eludió exponer ayer en su nombre.

Revisar contratos

Cano dijo que él sólo podía explicitar qué medidas piensa adoptar en los temas inherentes a su área. En ese marco hizo saber sus intenciones de revisar algunos contratos como el de la recolección de residuos, el del servicio del Centro de Atención al Vecino (147) y el del servicio de videocámaras de monitoreo en la vía pública.

Además ratificó que tiene previsto revisar las exenciones de tasas ya otorgadas y suspender la aprobación de nuevas. Más allá de eso y de ofrecer una vez más un severo diagnóstico sobre el estado económico y financiero de la comuna, el funcionario prefirió no explayarse sobre las medidas que podrían adoptar otros secretarios en otras áreas.

Por esa razón no quedaron en claro los motivos por los cuales además de solicitar la emergencia económica, en el proyecto también se pide que esa herramienta sea aplicada en materia social, educativa y de seguridad.

En su exposición el funcionario reiteró los datos que suele brindar en sus habituales apariciones públicas al señalar que la gestión del intendente Gustavo Pulti concluyó con un alto nivel de déficit y una significativa deuda que, dijo, es 6,5 veces más grande que la existente en 2007.

Asimismo, volvió a denunciar la existencia de casos de "malversación", por los cuales presentó denuncias ante la Justicia.

Su intención de justificar la emergencia en base a lo ocurrido en la anterior gestión fue tibiamente apoyada por concejales radicales como Cristina Coria y Mario Rodríguez, quienes evocaron sus propias denuncias acerca de la forma en la que el anterior gobierno estaba elevando el nivel de gastos, en especial durante el año 2015.

Sin embargo, el funcionario no contó con el respaldo de ningún edil de su propio partido, la Agrupación Atlántica, los cuales se mantuvieron en silencio a lo largo de todo el debate. Ni siquiera Patricia Serventich, quien suplantó al hijo de Arroyo en la presidencia de la comisión, logró asistir con éxito al funcionario cuando comenzaron a arreciar los cuestionamientos de los dirigentes sindicales presentes en el recinto.

En concreto, los gremialistas denunciaron a la actual gestión por pretender aplicar un ajuste y advirtieron que no admitirán el despido de trabajadores ni la eliminación de derechos laborales. En ese marco Cano ya se mostraba impaciente y con claras intenciones de retirarse, cosa que hizo luego de que los gremialistas le pidieran que explicara por qué motivo el proyecto no ofrece ninguna clase de garantía de que no se avanzará contra los trabajadores, tal como había sucedido con la declaración de emergencia votada en el año 2007.

En ese punto, el funcionario pronunció una respuesta que fue recibida como un gesto de ironía por parte del gremio, ya que dijo que si los concejales, en especial los de la oposición, lograban hacerlo, esa cláusula podría ser incluida dentro del proyecto que ahora está en tratamiento. Estas palabras encendieron los ánimos de los sindicalistas, quienes al intentar formularle nuevas preguntas observaron de qué manera el funcionario tomaba sus pertenencias y abandonaba el recinto para acudir a una reunión -ver página 7-, con los guardavidas.