Una decisión del Tribunal de Impugnación Penal le echó leña al fuego de la interna judicial que enfrenta a jueces y fiscales: el organismo decidió el sobreseimiento del sospechoso de cometer un asalto a mano armada, a raíz de que no hubo acusación formal pese a que pasaron 8 meses de ocurrido el hecho.

El sospechoso estuvo con prisión preventiva durante todo ese tiempo, de acuerdo a lo que pudo saberse: en las últimas horas el TIP definió que correspondía dictar su sobreseimiento ante la pereza del Ministerio Público para formalizar una acusación.

El episodio se suma a otros hechos -uno de ellos reflejado ayer por El Diario- en el mismo sentido: los jueces disponen que las causas se caigan si en 90 días los fiscales no acusan.

La medida generó la inmediata reacción del Ministerio Público: el fiscal general Guillermo Sancho advirtió que es una situación “preocupante” y que si se aplica el criterio en todos los casos pueden caerse expedientes de “gravedad”.

En este caso puntual, el sospechoso actuó a mano armada: fue en un hecho delictivo ocurrido a fines del año pasado. Jonathan Javier Kuz estuvo con preventiva desde diciembre de 2014 hasta las últimas horas. Había sido formalizado por robo agravado por uso de armas y lesiones graves.

La historia y los argumentos

La formalización se hizo el 15 de diciembre de 2014, con la presencia del juez Daniel Ralli. Actuó el fiscal Carlos Ordás. Se ordenó en ese momento la prisión preventiva “hasta la finalización del proceso”.

En el momento, el defensor oficial Martín García Ongaro interpuso un recurso de apelación por considerar que, en estas actuaciones no se hallaba determinada la participación de su representado y que por el contrario, Kus en realidad era una víctima: interpretó que el desenlace habría ocurrido como producto de una legítima defensa ante el ataque del Sr. Rubio, “quien lo habría confundido, creyendo que él era la persona que le había robado el teléfono celular”. El defensor agregó que “no quiso lastimarlo, que solo se defendió y que luego del forcejeo, se asustó y salió corriendo mientras Rubio lo seguía con una piedra”.

El juez del TIP Pablo Balaguer terció entonces y confirmó la preventiva, en coincidencia con Ralli. “La prisión preventiva -argumentó- responde a la necesidad de salvaguardar al proceso de los peligros que lo acechan, y entiendo que el fiscal actuante ha dado sólidas razones para acreditar la procedibilidad de este instituto, las que han sido correctamente merituadas”.

“Cabe tener en cuenta que nos encontramos en una etapa prematura de la investigación, por lo que es importante resguardar a las víctimas, sus testimonios, y en definitiva, al proceso. A tal fin, entiendo que la prisión preventiva es la medida más eficaz para erradicar los peligros procesales mencionados”, dijo en ese momento el integrante del TIP.

Ahora, pasados 8 meses, el mismo organismo tuvo que dictar el sobreseimiento del sospechoso, que permaneció detenido casi 250 días sin que en el medio se haya formalizado una acusación del Ministerio Público.

El TIP dijo a fines del año pasado, para justificar la preventiva, que “el peligro de entorpecimiento u obstaculización de la investigación está plenamente acreditado, habida cuenta de que el imputado conoce a la víctima”.

El juez dijo que Kus “podría persistir en su accionar sobre la víctima o los posibles testigos, como así entorpecer las medidas probatorias que están pendientes de realización, y de forma podría intentar influenciarla para mejorar su situación en el proceso -todo esto según lo manifestado por la fiscala en la audiencia de formalización y prisión preventiva, obrante en las grabaciones de audio-”.

Lo que ocurrió es que la investigación no avanzó, pero no por intervención de Kus para entorpecer la pesquisa, sino porque los responsables de la acusación no se movieron en tiempo y forma.