El interior bonaerense muestra caras bien opuestas de una misma moneda

Los intendentes que no responden al kirchnerismo denuncian falta de apoyo por parte del Gobierno nacional. Los principales cuestionamientos apuntan a la obra pública y a la implementación del plan Argentina Trabaja. Los jefes comunales aliados destacan el fuerte acompañamiento.
La situación de la provincia de Buenos Aires es crítica. Los problemas financieros, la falta de empleo, las dificultades del campo, todo se combina para que una provincia que debería crecer sin freno por las condiciones que posee, atraviese un momento por demás delicado. Si a los problemas generales se les suman las trabas políticas, gobernar un municipio se convierte casi en una odisea. Eso es lo que padecen los distritos que no responden al kirchnerismo. Por tal motivo, intendentes agrupados dentro del Acuerdo Cívico y Social -en su mayoría radicales- están terminando de confeccionar un duro documento que le enviarán a Cristina Fernández. Allí plantearán dos temas fundamentales: el manejo discrecional de los fondos destinados a obra pública y el aprovechamiento clientelar del plan Argentina Trabaja.

Según pudo saber Hoy, la carta no será demasiado extensa. Dos carillas bastarán para denunciar la situación que viven alrededor de 35 distritos. No se trata de una situación nueva. Desde hace tiempo, los intendentes denuncian que las obras públicas benefician a las localidades que comparten el color político K.

Omar Duclós, intendente de Azul, entiende por qué el aporte de la Provincia en obras es casi nulo. "Tiene muy acotada la capacidad de inversión por la asfixia financiera", señaló. Sin embargo, subrayó que la situación con la Nación es distinta: "En distritos afines políticamente hay mayor volumen de obra". En ese sentido, puntualizó que en Azul hay algunos proyectos con financiamiento comprometido por parte de la Nación que tienen "dificultades de ejecución", como viviendas y cloacas.

El intendente de Necochea, Daniel Molina, es uno de los impulsores del reclamo. Además de referirse a la "discrecionalidad" con la que se maneja la obra pública, entendió que el plan Argentina Trabaja es un "bastardeo del cooperativismo". "Son meros hechos clientelares dirigidos al Conurbano bonaerense, pero al interior no llega nada", recriminó. Walter Batistella, intendente de 9 de Julio, confirmó a este medio que su Municipio no tuvo ningún tipo de participación en este plan. "Aquí hay mucha gente desocupada y vendría bien la ayuda, pero no nos han llamado", deslizó.

El tenor de los discursos cambia notoriamente cuando la bandera política que se alza es otra. Humberto Zúccaro, jefe comunal de Pilar, dijo que en su ciudad la implementación del Argentina Trabaja está en "7 u 8 puntos". Puntualizó que recibieron dinero para iniciar la segunda etapa y ya hay 25 cooperativas listas para trabajar.

"Estamos hablando de 800 a 1.000 puestos de trabajo", se entusiasmó. Las obras tampoco escasean en distritos kirchneristas. Aníbal Pitelli, intendente de Chivilcoy, inauguró algunas en su localidad y señaló que "gran parte" se debían al Gobierno nacional, que "ha instrumentado un plan de obra pública que no se detiene".

En General Alvarado, distrito conducido por Tomás Hogan, la realidad es similar. "Tenemos la mejor relación con el Gobierno nacional. Muchas de las obras que anunciaron ya están en ejecución", confió Ricardo Asiain, secretario de Obras Públicas de la Comuna. Así, la realidad, que debería ser similar para todos, muestra dos caras de una misma moneda. Dos caras bien opuestas.

Más críticas a la política agropecuaria

Otro de los reclamos que elevarán los intendentes del Acuerdo Cívico y Social del interior bonaerense es un cambio urgente en las políticas relacionadas al agro. Más allá de que la nota llevará la firma de los intendentes del radicalismo, el GEN y la Coalición Cívica este pedido es común a toda la Provincia.

El campo atraviesa un momento sumamente crítico. Los productores trigueros están desesperados porque tienen acumulada gran parte de la cosecha en silos o acopios por la falta de cupo para la exportación dispuesta por el gobierno nacional.

Tras la decisión del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de frenar las exportaciones de carne, los ganaderos están en pie de guerra. No sólo recriminan la falta de incentivos para recuperarse de las pérdidas que ocasionó la sequía, sino que ahora tienen que tolerar que se le incrementen las trabas. "Algunas políticas han sido nefastas para nuestros municipios", resumió el intendente de Necochea, Daniel Molina.

Domínguez y un discurso alejado de la realidad

La situación del campo es tormentosa. Sin embargo, el Gobierno nacional continúa actuando como si el sol brillase. Ayer, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, se reunió con consejeros regionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Abstraído de la realidad actual, Domínguez señaló que el "trabajo conjunto entre los diferentes actores del sector agroalimentario es el único camino posible para construir políticas de largo plazo".

Asimismo, señaló que "un plan estratégico se construye con pluralidad sectorial, pero también con diversidad regional". "Hay mucho potencial en el sector, y necesitamos que esa energía esté orientada a la búsqueda de una estrategia conjunta que potencie el desarrollo nacional", sostuvo Domínguez. El discurso es la antítesis de la realidad.

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