La liga de intendentes del FpV de Río Negro, liderada por el intendente de General Roca, Martín Soria, se reunió en Viedma para evaluar los "condicionamientos" que impuso el gobernador Alberto Weretilneck en el envío de fondos a los municipios por la renegociación de los contratos petroleros. 

El 30 de diciembre de 2014, la Legislatura rionegrina aprobó por mayoría la ley de renegociación de contratos petroleros en la que se incluye una cláusula que indica que los municipios de la provincia percibirán las regalías petroleras a través de presentaciones de proyectos de obras públicas ante el Ejecutivo provincial.

La oposición, que se ausentó del Parlamento a la hora de votar la nueva ley, puso el grito en el cielo y los intendentes del FpV de la oposición decidieron reunirse para evaluar la situación. 

En el encuentro, celebrado este viernes por la tarde, del que participó la intendente de Barilioche María Eugenia Martini y otros 25 jefes comunales, el presidente de la liga Martín Soria, el senador nacional Miguel Ángel Pichetto y legisladores provinciales y nacionales, acordaron "agotar la vía administrativa realizando una presentación formal al gobernador de la provincia, reclamando los fondos que corresponde a cada localidad para que sus autoridades la puedan administrar dentro de sus potestades constitucionales".

En el mismo sentido, los intendentes acordaron la decisión de "no presentar proyectos de inversión y obras a la provincia, por los fondos en cuestión rechazando de manera categórica el intento de intromisión y avasallamiento, por parte del gobernador, a las autonomías municipales establecida en art 225 de la Constitución Provincial".

En segundo lugar, si el reclamo administrativo no tiene una respuesta favorable por parte del Poder Ejecutivo, los jefes comunales solicitarán a los legisladores del FpV inicien acciones legales tanto en el fueron provincial como en el federal "con el fin de declarar la inconstitucionalidad de lo actuado por la Legislatura en razón de que se viola de manera clara las autonomías locales".

Por último, los intendentes gestionaran reuniones con las distintas empresas, "con el fin de dar a conocer la situación que se ha planteado a partir de la tentativa por parte del gobernador, de condicionar el envío de fondos a las distintas localidades y para dejar expresamente establecido que se iniciaran la acciones pertinentes en resguardo de lo preceptuado por la Constitución y las leyes" consignaron en un parte de prensa.