En las últimas horas, fuentes ligadas a la investigación confirmaron que la resolución final está al estudio y firma del Juez Pablo Díaz Lacava. La figura por la cual el jefe comunal quedaría imputado sería la de "peculado", o similar. Al parecer, se habría determinado en el expediente que Hernández se apropió de al menos dos cheques para salvar una situación de ahogo financiero particular. La fuente explicó que en principio no habría perjuicio económico para el municipio pero si una conducta irregular de un funcionario, al utilizar caudales del erario público que estaban bajo su custodia y correcta administración.

Durante el proceso, el acusado estuvo dos veces frente a las autoridades judiciales pero en ambas guardó silencio y no declaró, amparado en el derecho que le asistía. La Justicia pretendía saber de su propia versión, sí reconocía uno de los cheques que fue rescatado del anonimato y que lleva dos firmas: una del intendente y la otra, que se asemeja a un "garabato".

Ese valor rondaría los 26 mil pesos, mientras que el restante supera los 200 mil pesos.

Como el intendente Hernández no habló, se ordenaron una serie de medidas, entre ellas pericias caligráficas y se pidieron informes de registros de firmas a entidades bancarias, para establecer el origen de cada rúbrica.

Cheques.

El escándalo político se conoció en septiembre de 2009 cuando el secretario tesorero de la Municipalidad, Sebastián Avendaño, se presentó en la fiscalía de Héctor Aberasturi. Allí dejó un escrito con la constancia del faltante de 11 cheques oficiales. El funcionario descubrió la anormalidad cuando recibió el extracto bancario y encontró un cheque devuelto, cuya numeración le llamó la atención. Según se determinó, los cheques habrían sido usados durante el tiempo en que Avendaño se había tomado sus vacaciones y su cargo quedó en manos de otra funcionaria de manera provisoria.

Pocas horas después de la denuncia realizada en la fiscalía, el intendente Hernández se presentó en la sede policial de Miguel Cané y denunció el faltante de los cheques. Para el jefe comunal los valores "sólo se habían extraviados". No dejó de llamar la atención que recurrió a denunciar la pérdida seis meses después y cuando el tema tomó estado público.

Desde el Concejo Deliberante se exigieron respuestas y explicaciones. El intendente Hernández recurrió a un escrito para defenderse y respondió algunas preguntas, pero sus argumentos no terminaron de convencer a los ediles. Las explicaciones habían sido exigidas por el propio viceintendente, Rómulo Ramos, luego de la denuncia por el extravío de los valores. En esa sesión especial, el intendente aseguró que no había "perjuicio económico para la Municipalidad", en relación al cheque rechazado. Además, detalló que la cuenta bancaria afectada era la destinada al Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (Propasa). Ni sus propios partidarios parecieron creer en sus palabras.

Semanas después, el viceintendente presentó su renuncia y se alejó del gobierno municipal.

Ahora la situación de Hernández se terminó de complicar, al establecer la Justicia un posible delito en perjuicio del Estado Municipal. Además, de manchar su carrera política y aspiraciones hacia octubre.