Actualmente, Bravo está procesado por abuso de autoridad por haber habilitado en forma irregular el cabaret El Rancho en esa localidad. En ese local nocturno fue hallada una mujer esclavizada y su propietario, Javier Ulrich, fue condenado por la justicia federal por trata de personas.

En diciembre pasado, el fiscal de la causa pidió que fuera elevada a juicio, pero los abogados de Bravo presentaron un recurso para insistir en su sobreseimiento. Esto es interpretado en los tribunales de General Acha como una maniobra dilatoria para evitar su enjuiciamiento, ya que sólo pondría trabas a la decisión final del juez.

Pero mientras el intendente espera ese juicio, otras dos causas de las varias que tiene la justicia achense en su contra avanzaron en los últimos días. Fuentes tribunalicias informaron a LA ARENA que Bravo ya fue notificado que será indagado en dos causas penales abiertas. En ambas interviene el Juzgado Residual (ex-Juzgado de Instrucción y Correccional Número 1 de esa ciudad) a cargo del juez Manuel Alvarez.

El auto-robo.

En una, la justicia lo citó para el día 29 de abril por presumirlo autor de los delitos de instigador de hurto y falsa denuncia.

Fue a raíz de una investigación que se inició luego que el 11 de abril de 2009, Bravo denunciara que desconocidos habían robado una notebook de su despacho en la intendencia, y que apareció días después en manos de un concejal que fue a devolverla a la policía. Según presume la justicia, el jefe comunal habría contratado verbalmente a Brian Leonardo Lupardo para que sustrajera la computadora portátil de su oficina, facilitándole el ingreso para ello, al haber dejado esa noche sin sereno el Palacio de la comuna y la ventana sin la traba. A cambio, le habría ofrecido y entregado la suma de 2.000 pesos para cometer el ilícito. En el acuerdo, se habría buscado involucrar a un concejal enfrentado políticamente a Bravo, Angel Alfredo López, ya que Lupardo luego de llevarse la notebook, debía entregársela a López con el objetivo que investigara los archivos que contenía. En esa época, existían un conflicto por la toma de unos terrenos municipales en la localidad de 25 de Mayo, realizado por personas que no tenían vivienda, y quien encabezaba las movilizaciones populares por los terrenos aparentemente era el concejal López. Sin embargo, aunque el edil habría aceptado recibir la computadora que le llevó Lupardo, al día siguiente hizo entrega de la notebook en la Fiscalía de Citación Directa a cargo de Alejandro Masó, para deslindar todo tipo de responsabilidades.

El intendente Bravo, con fecha 15 de abril de 2009, unos días después del presunto acuerdo verbal con Lupardo, denunció ante la comisaría de 25 de Mayo que de su despacho había desaparecido la computadora, y que desconocía a los autores del robo. El juez Alvarez habría considerado entonces que dicha denuncia resultaría falsa, por eso Bravo es citado como imputado a declaración indagatoria para que dé explicaciones sobre lo ocurrido.

Sin pagos.

En la otra causa Bravo también fue convocado a indagatoria para el día 13 de mayo, pero no irá solo. En este expediente está involucrado además, en su misma situación judicial, el secretario del Tesoro, Iván Garduño. Ambos están siendo investigados por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y retención indebida, en concurso real entre sí".

Es porque el intendente y su funcionario, a comienzos de 2010 cuando la oposición ganó la presidencia del Concejo Deliberante, no les quisieron pagar los sueldos a los ediles del FPV, el PJ y el MPV disidente, enfrentados con él. Bravo y Garduño, según el juez, habrían omitido sin causa justificada el cumplimiento en tiempo y forma del pago de haberes/dieta correspondiente al mes de diciembre del año 2009, para efectuarlo recién con fecha 20 de enero de 2010. En ese lapso, los concejales opositores se presentaron ante la justicia de General Acha y realizaron la denuncia ante lo que consideraron un "apriete" por no querer aprobarle el presupuesto que había enviado el jefe comunal al CD para su tratamiento.