Como herramienta para evitar la violencia familiar, desde el Senado insisten en la reglamentación de la ley con la que se aprobó la implementación de una línea telefónica para que las víctimas puedan realizar denuncias anónimas.

En diálogo con EL LIBERTADOR, el autor del proyecto, Rubén Pruyas, manifestó que "entre las legislaciones que deben reglamentarse, falta la de la línea de teléfono número 137, que permitirá denunciar casos de violencia de género y familiar".

La implementación del servicio además, como explicó la fuente consultada, también permitirá que aquellos vecinos, por ejemplo, que vean maltratos de hombres a mujeres y/o a sus hijos puedan denunciar de forma anónima. En este sentido, Pruyas manifestó que "a diario muchos ciudadanos presencian hechos de violencia, pero por miedo y por la exposición ante la autoridad policial deciden no hacer nada".

La reglamentación de la ley, que fue aprobada, requiere de que se habilite la línea. El proyecto, que está en tratamiento en el Senado desde mayo, se puede establecer en el marco legal proporcionado por la Ley Provincial N° 5.563, promulgada por Decreto N° 1.367/04, de creación del Programa de Prevención y Asistencia Integral de las Personas Víctimas de Violencia Familiar, que actúa en todo el territorio provincial de manera multidisciplinaria e interinstitucional en la promoción, prevención y asistencia de las familias víctimas de violencia.

Para Pruyas, la creación de una línea telefónica para la denuncia anónima y gratuita permitirá a las víctimas de violencia familiar, a sus familiares, como a cualquier otra persona, acceder a un canal de ayuda inmediata y efectiva.

Aprobadas sin aplicación

La ley que aprueba la implementación de la línea número 137, que a escala nacional se instrumenta como recurso propio del programa Las Víctimas contra las Violencias, Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Familiar del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, carece de reglamentación para que pueda funcionar en el territorio provincial.

Lo mismo sucede con la legislación que habilita un servicio telefónico para que se puedan denunciar los puntos de ventas de estupefacientes, que ya fue aprobada, pero aún no se reglamenta ni se conforma el equipo de personas que se encargará de recepcionar los llamados las 24 horas, por lo que se presentaron proyectos de resolución para que entren en vigencia.