Hoy hay una 11 mil plazas federales. Pretende llevar el número a más de 20 mil para antes del final del mandato de Macri. Cerrarán viejos penales y mejorarán las condiciones de detención para evitar que los jueces liberen presos por falta de lugar.

Inmediatamente, a través de su cuenta en twitter, el intendente Pablo Petrecca salió a manifestarse en contra de la iniciativa. Según había trascendido en las últimas semanas,

Al cabo de una reunión que se realizó meses atrás, Mauricio Macri encomendó avanzar en un plan de reforma integral del Servicio Penitenciario Federal que tiene como eje central la renovación de las unidades y la construcción de nuevos módulos: la intención es que para 2020 se haya duplicado la capacidad para alojar detenidos.

 “El plan de construcción de penales, que elaboró el equipo del ministro de Justicia Germán Garavano y ya fue aprobado por el jefe de Gabinete Marcos Peña, responde a uno de los 100 objetivos de gestión que trazó Presidencia de la Nación para modernizar el servicio penitenciario y mejorar la situación de los reclusos. Y contempla que a fines de 2019 haya más de 20 mil lugares de detención, con una meta aún más ambiciosa, como política a largo plazo: en 2023, siempre que se cumpla con el proyecto, la capacidad será de 24.328 plazas. Para los próximos años, la inversión prevista supera los $7.500 millones” afirman.

En el Gobierno admiten que, a partir de las reformas que se impulsan en materia penal en el Congreso, la población carcelaria crecerá en los próximos años. Y quieren evitar que jueces garantistas liberen delincuentes peligrosos en virtud de las malas condiciones de detención que ofrece el sistema.

  En la actualidad, según cifras oficiales del Ministerio de Justicia, la capacidad de alojamiento es de 11.124 detenidos. Las cárceles federales no tienen la magnitud de problemas de hacinamiento que se registra en los penales provinciales, pero están al límite. Y a eso se suma que varios establecimientos deberán ser desafectados en los próximos años, por cuestiones socioambientales, especialmente los que se encuentran en los centros urbanos.

  El Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene capacidad para 1.714 internos, en principio -tal como se había anunciado durante el gobierno de Cristina Kirchner, iba a ser reemplazado por el Complejo Agote, una nueva cárcel en Mercedes, pero la obra se demoró y ahora el Ministerio de Justicia negocia junto a la Ciudad de Buenos Aires la construcción de un nuevo penal en Marcos Paz. La intención es que para 2019 esté construida y que, una vez trasladado el último preso, la cárcel pase a manos de Ciudad para su demolición.

A Marcos Paz se le sumará otro penal grande en Ezeiza: se construirá un nuevo gran módulo dentro del Complejo Penitenciario Federal I, que podrá alojar unos 3600 detenidos y está previsto que se inaugure, al menos en forma parcial, a mediados de 2019. Y otro similar se levantará en Junín, en un terreno que cederá el Ejército. Ambos serían costeados a través de programas de participación público-privada. En los próximos meses estarían listas las licitaciones.

  “La provincia de Buenos Aires es un caso aparte. Hoy en Provincia hay unos 35 mil reos y en muchas unidades se registran graves casos de hacinamiento, ya que la capacidad es de apenas 27 mil plazas, situación que motivó a la María Eugenia Vidal a implementar un plan global de reforma penitenciaria que prevé un desembolso para la construcción de cárceles de $10 mil millones para los próximos diez años. En el Gobierno admiten que la población carcelaria bonaerense está integrada por una porción de presos "federales", situación que derivó en negociaciones con el ministro de Justicia Gustavo Ferrari: Nación evalúa asistir con un crédito de unos 750 millones de pesos a la provincia sólo destinados a infraestructura penitenciaria”.