Hace unos días el clima volvió a caldearse entre el Centro de Jubilados y Pensionados de Corrientes y Personas Jurídicas, tras conocerse por versiones y declaraciones periodísticas una nueva denuncia, realizada por una socia de la entidad de la tercera edad ante el organismo provincial y el Colegio de Abogados en donde se cuestiona a la titular de la institución civil, María de las Mercedes Solís de Zambrano, por irregularidades que habría cometido en su gestión y durante el proceso eleccionario para la renovación de autoridades.

Todo esto ocurre en medio de un conflicto que no termina de resolverse en la Cámara de Diputados, donde debe tratarse, y aún se posterga, el proyecto de modificación de la ley previsional de la provincia para que entre nuevamente en vigencia la aplicación del 82 por ciento móvil para aquellos pasivos que se jubilaron después del 2001; y donde pende la advertencia cierta por la activación de cientos de juicios particulares contra el Estado para que se aplique dicho porcentaje.

Según comentó Solís de Zambrano en diálogo con EL LIBERTADOR, se trataría de una nueva maniobra para lograr finalmente la intervención del Centro de Jubilados. Es por ello que en respuesta, no sólo envió una carta al Gobernador de la Provincia, sino también intimó en los últimos días a Personas Jurídicas a presentar formalmente la denuncia y los documentos que avalan dichas acusaciones.

Con independencia de ello, este dirigente de la tercera edad confirmó que ya comenzó a elaborar un planteo judicial ante estas presiones y agresiones que viene recibiendo.

María de las Mercedes Solís de Zambrano insiste que "hay funcionarios de terceras y hasta de cuartas líneas que buscan embarrar el panorama", con el único fin de quitarla del medio de la gestión del Centro.

Volvió también a plantear que "hay un desconocimiento jurídico legal procedimental administrativo importante" por parte de Personas Jurídicas, dado que hay resoluciones de esas mismas oficinas que "aún no están firmes porque se encuentran pendiente de resolución por el Poder Ejecutivo, el Recurso Jerárquico planteado por nuestra parte en legal tiempo y forma y subsidiariamente al de Revocatoria".

"Razón por la cual, mal podría decirse que la entidad social "desobedeció" orden alguna. Y continuando con el desconocimiento jurídico, el señor Noya -titular de Personas Jurídicas- dictó otra resolución contradiciéndose a él mismo, en donde intima al Centro de Jubilados de Corrientes, a convocar y realizar una Asamblea General Extraordinaria en el término de 60 días corridos a partir de la notificación, para la renovación total de la Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas, Comisión de Tribunal de Etica... cuando aún no resolvió definitivamente la aberración jurídica cometida por el desinformado funcionario y contenida en las resoluciones 46 y 47 del 10 de mayo y 10 de junio respectivamente".

Es por ello que insistió en que hay "persecución con intenciones 'non sanctas'", y advirtió que "será la justicia quien tendrá la última palabra en este atropello y abuso de una entidad civil por parte del Estado provincial".