“Estamos, no se si decir optimistas, pero sí por lo menos vemos un buen ambiente”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la directora ejecutiva de la Red Papaz, Carolina Piñeros, quien agregó que “hemos estado hablando con muchos congresistas y creemos que esto también en este momento es oportuno”.

Piñeros sostuvo que “los expertos están hablando que para Colombia debería ser de ojalá el 25%, mínimo el 20%”; esto permitiría, apuntó, que “las personas más vulnerables, como ese impuesto se traslada al consumidor, escojan bebidas más saludables. En México, por ejemplo, que fue el primer país que implementó este impuesto, aunque fue solamente del 10%, la gente empezó a preferir el consumo de agua. Como las mismas industrias le vendían el agua, no perdieron el cliente, de alguna manera, porque se iba por una opción más barata, que era el agua que ellos mismos vendían”.

Colombia y México

Como un efecto de la apertura comercial que significó el tratado firmado por México con Estados Unidos y Canadá, ese país, explicó Piñeros, “nos lleva unos añitos de ventaja en cuanto al problema de malnutrición, sobrepeso y obesidad, y por eso ha implementado medidas para empezar a despertarse de la situación de salud pública tan grave que están viviendo y mitigar algunas cosas”.

En general se habla de impuestos saludables cuando se gravan productos que se consideran perjudiciales para la salud. “Colombia ya tiene evidencia de que el impuesto saludable es efectivo. Colombia desde hace unos años le puso una sobretasa a los productos de tabaco. Y eso ya demostró, aunque está tratándose ahorita de aumentar el porcentaje, que por una parte desincentiva el consumo, especialmente de las personas más vulnerables, y por otro lado mejora el recaudo”, precisó Piñeros.

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Sobre la idea de aplicar un impuesto saludable a las bebidas azucaradas, las comisiones de Estudio del Sistema Tributario Territorial y de Expertos en Beneficios Tributarios recomendaron su implementación.

La primera recomendó “evaluar un replanteamiento de este tributo para que provea ingresos a los gobiernos subnacionales, considerando que la externalidad generada por el consumo de bebidas azucaradas puede ser altamente dependiente del contexto, la cultura y la región. En este entorno, permitir la definición diferenciada de tarifas puede ser beneficioso como medida focalizada de salud pública”.

Y la segunda, tras considerar que “el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y azucaradas genera externalidades sanitarias negativas”, expuso que, “por lo tanto, estos productos deberían suprimirse de la lista de bienes que se benefician de un tratamiento preferencial de IVA. Lo contrario atenta contra los objetivos de salud y genera un alto costo de ingresos tributarios. Por ejemplo, los ingresos tributarios no percibidos por la tarifa reducida del IVA sobre las bebidas alcohólicas sumaron $372.000 millones en 2019, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020. Por este motivo, los cigarrillos, el alcohol y los productos con un alto contenido de azúcar deberían gravarse empleando la tarifa general del IVA, además de impuestos especiales, con el fin de internalizar sus efectos nocivos”.

Recomendación

Observó Piñeros que “el Gobierno desoyó esa recomendación a pesar de la amplia evidencia científica que hay y que respalda la importancia del impuesto. Es tal vez una de las medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud más costo-efectivas. Primero, porque al Gobierno no le cuesta nada. Es un impuesto que quien lo paga son precisamente las empresas, las industrias que producen esas bebidas industrializadas. Y es un recaudo muy importante para que el mismo Gobierno, las mismas entidades territoriales puedan atender los costos en salud pública”.

Desde 2016, la OMS ha liderado una campaña para frenar el aumento de los índices de obesidad en el planeta, causa principal de las enfermedades crónicas no transmisibles. El exceso de peso, hoy considerado una pandemia mundial, se relaciona con el consumo, cada vez mayor, de productos ultraprocesados y bebidas endulzadas.

En su informe, la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial consignó que el impuesto a las bebidas azucaradas beneficiaría “a las personas de segmentos poblacionales más vulnerables. En estimaciones realizadas para Colombia, y teniendo en cuenta de que la prevalencia actual de sobrepeso es del 56% y de obesidad de 19%, se espera que un impuesto de al menos $750 por cada litro llevaría a una disminución de 1,5 – 4,9 puntos porcentuales en la tasa de sobrepeso y de 1,1 – 2,4 puntos porcentuales en la tasa de obesidad. Los mayores efectos se observan en los niveles de ingreso más bajos; al mismo tiempo, este segmento recibe mayores beneficios, pues las personas son más vulnerables a los efectos y costos de las enfermedades crónicas no transmisibles”.