El secretario de Gobierno municipal, Fabián Lliteras, no pudo ayer ocultar su bronca e indignación por la decisión del gobierno provincial de retirar de la ciudad –sin previo aviso- diez camionetas Ford Rangers asignadas desde hace un año a la policía local.

“Esto afecta severamente el funcionamiento de la policía y no se condice con el enorme esfuerzo que hacen todos los bahienses para aportar el combustible que utilizan y hacerse cargo de su mantenimiento”, mencionó el funcionario.

El quite de los vehículos se contrapone con la puesta en marcha, la semana pasada, del Comando de Prevención Ciudadana, por parte del gobernador Daniel Scioli, quien presidió el acto en dependencias de la Escuela de Policía local y procedió a la entrega de 30 camionetas consideradas clave para la puesta en marcha del nuevo esquema preventivo impulsado desde la Provincia como parte de la declarada emergencia en seguridad.

Lliteras mencionó ayer que “así como vimos con agrado la entrega de esos 30 móviles, vemos con profundo desagrado esta decisión de quitarnos 10 coches que están en muy buenas condiciones y que resultan completamente necesarios para la labor policial”, indicó.

El funcionario mencionó que “de ninguna manera” el nuevo material rodante justifica ese retiro, ya que el parque automotor del que se dispone es “insuficiente”.

Lliteras señaló que el intendente municipal, Gustavo Bevilacqua, solicitó una audiencia urgente con el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, para plantear el “inmediato reintegro” de las diez unidades, al tiempo de referirle el “gran esfuerzo” de los vecinos asumiendo gastos que correspondería aportar a la Provincia.

No descartó además que el quite de los patrulleros –cuyo nuevo destino se desconoce-- pueda relacionarse con distintos posicionamientos políticos entre los Estados provincial, nacional y municipal, aunque mencionó que “de ninguna manera” esas diferencias debieran afectar “algo tan sensible” como es el tema de la seguridad.

Por otra parte, en un hecho que hasta hoy el municipio no había dado a conocer con semejante contundencia, Lliteras reconoció que la Provincia “tiene frenada” la adjudicación del fideicomiso gestionado por el municipio –aprobada esa acción por el Concejo Deliberante-- que permitirá disponer de 11 millones de pesos para adquirir 45 patrulleros.