Hace unos días, cuando el intendente Francisco Torroba dio a conocer que hubo una comunicación desde el Centro Cívico para salvar esta cuestión, citó lo del convenio y que no existía registro alguno de él en las oficinas comunales, por lo que se había demandado una copia del mismo.

El jefe comunal estimó en los 700 mil pesos anuales el importe actualizado a pagar por Provincia, pero desde la Secretaría de Hacienda se cree que la suma sería considerablemente mayor, y mucho más si se toman los ajustes en forma retroactiva, de acuerdo a las variaciones registradas en la tarifaria desde la vigencia del acuerdo.

El titular de esa cartera municipal, Luis Evangelista, quiere tener todos los números disponibles para poder plantearle a Provincia las condiciones de una negociación política para salvar las obligaciones cruzadas, principalmente con Aguas del Colorado por el lado municipal, y la pesada cartera de morosos-adjudicatarios del IPAV que la comuna pide que sea reconocida por el gobierno pampeano, Desde que LA ARENA publicó que en 1998 el entonces intendente Oscar Mario Jorge había suscrito con el IPAV, a través de Hugo Agüero, un acuerdo de compensación de deudas, la postura del gobierno provincial cambió y luego de una intimación municipal al Instituto comenzó a exigirles a los adjudicatarios deudores que abonen las tasas bajo la amenaza de que se les rescindiría el contrato de la vivienda por daños y perjuicios.

Otro punto sensible a tener en cuenta en esta discusión Municipalidad-Provincia es el de los inmuebles donde se asienta el Centro Cívico. Según fuentes comunales, no estarían regularizados dominialmente.