Como este medio ha venido detallando, son ya 14 las denuncias de SUPTTIOMA —el sindicato de técnicos, profesionales y trabajadores del IOMA— contra los funcionarios de la gestión provincial que permiten los diversos modos de fraude y engaño que afectan directamente no sólo las arcas de la institución sino, además, el servicio deteriorado que se brinda a los afiliados. Ahora, por primera vez, se presentará una denuncia contra la actual gestión.

Es que la situación de IOMA sigue siendo tan preocupante ahora, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, como lo era durante los tiempos de Daniel Scioli. Cuando llegó la actual gobernadora, ésta nombró a Sergio Cassinotti como titular de la institución, a pesar de provenir de la cámara de droguerías CADDE y haber sido director de la obra social de UPCN, el gremio sospechado de connivencia con el fraude en el IOMA y denunciado ante la justicia. Por supuesto que, en su momento, todo esto generó sospechas en la entidad, pero luego el gobierno nacional decidió llevar a Cassinotti al PAMI —en reemplazo de Carlos Regazzoni— y asumió en su cargo quien se desempeñaba como segundo de la obra social provincial: Carlos D’Abate.

Preocupados por estos movimientos, desde el SUPTTIOMA reclamaron una audiencia con la gobernadora Vidal para pedir que se desplazara de sus cargos al menos a seis funcionarios de la obra social que todavía están en funciones y figuran entre los procesados por la justicia. Vidal nunca los recibió.

A la fila de denuncias desoídas se suma ahora la del abogado marplatense Julio Razona. El caso data de 2017, y resume con detalle las situaciones irregulares que están sucediendo en nuestra ciudad. Al respecto, contó en la 99.9: “además de la denuncia, presenté mucha información sobre los hechos ocurridos en IOMA. Se hizo un allanamiento en su momento y se secuestró información”. Sin embargo, la causa aún no avanzó.

La denuncia

Después de ese momento, al abogado le seguía llegando información anónima de hechos delictivos que ocurrirían en IOMA aun después del 15 de diciembre de 2015, lo que demostraba que la corrupción estructural seguía funcionando. Por eso, lo elevó a la Fiscalía General de Mar del Plata con datos muy precisos.

Pero a pesar de que eran delitos graves y fáciles de comprobar, según lo explicó Razona, nunca hubo avances concretos: “los hechos de los que tuve conocimiento son flagrantes, muy simples de investigar como el tema de los afiliados mellizos. Los que me enviaron la información son empleados de IOMA que lo hacen de forma anónima. Explican claramente cómo hay afiliados mellizos: le entregan la medicación a la persona enferma, pero se generan dos partidas. También se fraguan recetas de médicos para después vender esos remedios en el mercado negro, principalmente en tres farmacias de Mar del Plata. Estamos hablando de cifras multimillonarias”, decía en la entrevista.

Después de tanto tiempo, no hay avances en la investigación. “Los datos que le entregué a la Fiscalía General son muy precisos, porque doy nombres y horarios de las descargas de los medicamentos. Fue en abril de 2017 y acabo de reunirme con el delegado de fiscalía de estado en Mar del Plata, porque ellos no sabían de esta denuncia. Seguramente la provincia se presentará como particular damnificado porque se podrían recuperar millones de pesos”, finalizó.

Por supuesto que las acciones deberían ser urgentes porque lo primero que se debe lograr es que se corte el drenaje de fondos robados, y luego que la estructura ilegal de Mar del Plata sea procesada debidamente.

Estamos de acuerdo en que traficar con medicación oncológica es de una criminalidad extrema, pero no es el único delito que cometen. A eso se suma la falsa internación domiciliaria, que por supuesto se cobra.

A este punto, la discusión central pasa al tema de los auditores. Sindicalmente ellos forman parte de SUPTTIOMA, quienes hicieron varias denuncias al respecto. Pero el abogado Razona habla de una posible connivencia de estos profesionales, lo cual, a primera mirada, parece improbable. En su denuncia, el letrado solicita la formación de una instrucción a fin de investigar hechos de corrupción que tipificarían —a su criterio— el delito de estafas reiteradas en concurso real que se estaría cometiendo en la sede de IOMA de Mar del Plata, conforme la información que obra en su poder.

La provincia

Razona ha sido tomado como amicus curiae por la jueza de garantías 5 de La Plata Marcela Garmendia, es decir, invitado a colaborar con el tribunal en la investigación prevista sobre el posible enriquecimiento ilícito de Daniel Scioli y Alberto Pérez. Se instruye a partir de la denuncia presentada por Elisa Carrió que tramita Álvaro Garganta, titular de la UFI 11 de aquella ciudad. Es en esa función de colaboración que el letrado ha elevado informes al fiscal sobre hechos relacionados con graves irregularidades ocurridas hasta diciembre de 2015 en el manejo de IOMA Mar del Plata.

Pero lejos de cesar, los informes anónimos que recibe el abogado por parte de una persona que al menos dice ser empleado de IOMA siguieron produciéndose en los últimos años. Nada ha variado con el cambio de gestión: enormes hechos delictivos implican un virtual vaciamiento de la obra social local, los cuales claramente exceden la investigación llevada a cabo en La Plata porque ya no competen a Scioli, sino a la nueva gobernación.

Los responsables que se mencionan en la denuncia son fácilmente identificables. Por eso, Razona primero los reenvió directamente al quien fuera el director local de la obra social, Agustín Neme, a fin que tomara las medidas administrativas que considerara pertinentes para acabar con el entramado de corrupción. Según los hechos allí narrados, las defraudaciones serían millonarias, ya que se estarían utilizando afiliados mellizos para lograr que ingresen duplicados una serie de los medicamentos, especialmente los de altísimo costo: los que utilizan los enfermos oncológicos.

En el transcurso de la denuncia se menciona al encargado de una farmacia de Mar del Plata —Ricardo, alias El Colorado— quien sería el encargado de retirar los medicamentos de los afiliados para ser vendidos en farmacias locales. De ser esto comprobado, implicaría también la participación de los titulares de las farmacias Constitución, Del Puerto y 25 de Mayo, quienes resultaron ser los comercializadores de medicamentos que ingresarían por fraude a los comercios.

Los anónimos mencionan además a Silvina Alcorta como responsable de las defraudaciones, ya que se ocuparía del registro de ciertas internaciones inexistentes, o de internaciones domiciliarias falsas, que se facturarían en una empresa de San Pedro, a través de un nexo llamado Pablo.

Bernardo Rodríguez es otro de los nombres que aparecen como partícipe en las defraudaciones multimillonarias al estado provincial.

Los anónimos mencionan también al menos dos incendios intencionales: habrían sucedido en los depósitos de IOMA para ocultar el enorme fraude, y evitar un inventario de medicamentos e insumos médicos.

Pero en la cuestión de las farmacias locales, además de Pablo y El Colorado, se menciona a un tal Oscar: alguien que trabaja en una de las farmacias nombradas, también encargado de trasladar cajas con medicamentos e insumos fruto de la estafa. Se detalla también que en las farmacias mencionadas alguien se ocuparía de obtener recetas firmadas y selladas en blanco, que permitirían fundamentalmente la comercialización de psicofármacos. La venta de medicamento sin troqueles y la comercialización de drogas que no se retiraron son parte del modus operandi cotidiano: muchas veces el afiliado compra uno sólo de los medicamentes recetados, y la farmacia puede fingir haber entregado toda la medicación si cuenta con los troqueles necesarios.

Yendo al tema de las oficinas de IOMA, en el área discapacidad habría una empleada de nombre Laura quien, según la denuncia, sería quien fragua las internaciones en ciertos centros especializados. Se dice que acuerda con los familiares de los beneficiados la entrega de una suma de dinero mínima como compensación por no brindar el servicio por el cual se ha firmado.

Mientras tanto, los afiliados al IOMA enloquecen a la hora de intentar autorizar prácticas que atañen a las enfermedades que efectivamente poseen, o para prevenir las que podrían tener a la brevedad. Los medicamentos realmente necesarios nunca son cubiertos, y los pagos a los médicos son tan espaciados que ya no aceptan atender por esta obra social, o cobran diferenciados de hasta $700 a los afiliados que los requieren. La razón es simple: la mutual que debiera ser la más rica de la provincia por la enorme cantidad de aportantes cautivos, y la que debería otorgar más servicios, está siempre al borde la quiebra. La desangran los inmorales.