Cabe indicar que la iniciativa popular es una herramienta de participación que permite a los/as ciudadanos/as reuniendo una cierta cantidad de firmas, presentar proyectos de ley que la Legislatura tiene la responsabilidad de tratar.

El legislador radical explicó que la Ley 4926 por la cual se reglamentó la iniciativa popular en el año 1996 contiene disposiciones que actúan como obstáculo y desalientan el uso del instituto, por ello consideró que a los efectos de posibilitar la eficacia de la iniciativa, deben efectuarse algunas modificaciones. “Entendemos que es necesario mejorar el instituto, que en su diseño normativo presenta obstáculos que vuelven deficitario el proceso. De hecho, desde la aprobación de esta ley, nunca la Legislatura ha tratado un proyecto que haya sido producto de la iniciativa popular”, explicó Baca.

Precisó el diputado que en el proyecto se reduce del 2 % al 1 % la cantidad de avales que se requiere para promover una iniciativa popular. Otro de los cambios que se impulsan es la incorporación del aval electrónico, a través de formularios que deberían colgarse en el sitio web oficial de la Legislatura.

Con respecto a la autenticidad de los avales, el diputado Baca consideró pertinente eliminar la multa de 30 pesos por cada firma inválida o incorrecta, que se aplica cuando se verifica un porcentaje de firmas no válidas. En tal sentido, propuso que en caso de verificarse que el 15 % de las firmas presentadas no fueran válidas, se desestime el proyecto.

Por otra parte, en el proyecto se proponen acciones destinadas a la promoción de la iniciativa popular y finalmente se establece como un nuevo artículo de la norma que “la Legislatura debe sancionar o rechazar todo proyecto de ley por iniciativa popular dentro del plazo de 12 meses. Habiendo transcurrido el plazo de once meses de estado parlamentario sin que el proyecto haya recibido tratamiento alguno, el Presidente del cuerpo deberá incluirlo en el orden del día de la sesión ordinaria siguiente”. Con esta disposición se garantiza que el proyecto que tiene origen en la iniciativa popular, sea considerado por el cuerpo, más allá de la decisión que el mismo pueda adoptar sobre la temática planteada.

“Los aportes de la ciudadanía y de las organizaciones que la representan que puedan plasmarse en iniciativa popular, sin dudas representará un enriquecimiento para la agenda legislativa” valoró Pablo baca.

“Esta propuesta tiene como objeto crear condiciones para el desarrollo de un vínculo que le permita a la sociedad civil comprometerse en el fortalecimiento del Estado a través de la intervención en la construcción de normas y que promueva en el Estado prácticas más democráticas, participativas y de articulación con otros actores sociales”, añadió el legislador.

Finalmente, Baca consideró que “el estado y la sociedad civil no pueden desarrollar su potencial sino trabajan en forma cooperativa: un Estado y una sociedad civil fuertes se necesitan mutuamente y la sustentabilidad de una sociedad justa y democrática necesita de ambos”.