En la misma semana en que los precarizados provinciales encontraron un ámbito para exponer sus problemáticas, trascendió otro hecho que pone en debate el modo en que se realizan las “competencias” en Radio Nacional. Los temas de hoy en la columna editorial La Arena Vernácula.
Una de cal...
La situación de los monotributistas llegó -como no podía ser de otro modo- a una discusión en un ámbito institucional: la paritaria en la que están representados el Gobierno y la Intersindical trató el tema en un primer encuentro, desde el que salió la propuesta de conformar una comisión de análisis y la realización de un relevamiento para conocer con mayor exactitud cuántos trabajadores precarizados hay en la Provincia y de qué modo prestan sus servicios.
El encuentro es el fruto de la lucha sistemática de los involucrados directos, y por supuesto de la debilidad política del actual oficialismo, que tras perder en la interna del PJ quedó a merced de las presiones de diversos sectores, y, sintiéndose entre la espada y la pared, no tuvo más remedio que aceptar poner el tema en la mesa de discusión, aun cuando es probable que las decisiones queden en manos de una próxima gestión.
La injusticia del Estado, o de sus representantes como funcionarios, no admite lugar a dobles lecturas: los trabajadores que han sido precarizados son víctimas de un abuso y de un aprovechamiento, lo cual no quita que, por otro lado, ese mismo Estado, o esos mismos funcionarios, hayan abierto la puerta a privilegios y prerrogativas para punteros, amigos y socios, que abultaron la plata permanente de la administración pública hasta límites inaceptables.
Los argumentos hechos públicos por el Gobierno Provincial respecto de que a esta altura no está en condiciones de tomar decisiones son al mismo tiempo que lógicos una forma de quedar en evidencia: cuando el ministro Coordinador Ariel Rauschenberger dice que no hay tiempo para tomar una decisión, pierde de vista que la gestión de Oscar Mario Jorge como gobernador lleva ya ocho años, y mucho más que el PJ gobierna la provincia desde hace más de tres décadas.
Es obvio que la problemática irá a resolverse más allá del 10 de diciembre, pero las últimas reacciones y decisiones han contribuido a fijar el tema en la agenda y a generar conciencia en distintos ámbitos políticos y sociales: ahora hay que esperar que las propuestas que se han lanzado al ruedo, varias de ellas a modo de compromiso, no sean solo parte del tradicional “festival de promesas” que caracteriza a las campañas electorales.
En ese sentido, ha sido notoria la potencia del aparato del PJ, que en las últimas semanas repite su supuesta “unidad” y logra que los medios de comunicación que siempre han jugado a su favor -y que son, paradójicamente, las empresas poderosas que se jactan de “independientes”- instalen temas y definiciones como si fueran noticia, cuando en realidad se trata de la repetición de viejas promesas, o de la evidencia de las carencias, limitaciones y desidias de los gobiernos justicialistas.
El candidato a gobernador Carlos Verna machaca con su supuesta idea de sancionar diversas leyes, como si no hubiera tenido en los últimos años el real manejo de la Cámara de Diputados de la provincia, en tanto que el postulante a la Intendencia Raúl Ortiz promete ahora ocuparse en serio de todo aquello que su partido -y las gestiones que él representa- rechazó, ninguneó o incluso bloqueó durante todos estos años, empezando por el plan de desarrollo estratégico.
...y una de arena




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