Los procesos de las apropiaciones de tierras en el norte provincial con los consecuentes desalojos habrían generado al menos tres suicidios de integrantes de poblaciones criollas en la zona norte de la provincia.
Al hacer un racconto de la situación, se recordó que respecto del acceso a la Justicia "varias familias criollas iniciaron juicios por posesión veinteñal, pero todas fueron rechazadas. Mientras que todos los procesos de desalojo iniciados por los empresarios tuvieron curso favorable.
La responsable de esta situación es Ana María De Feudis De Lucia, jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Tartagal, Distrito Judicial del Norte". En la descripción se detalla que la jueza "suele ir a los puestos criollos con el abogado de las empresas, Víctor Hugo Belmont, ex diputado durante la gobernación de Juan Carlos Romero. A Belmont se lo señala como el principal promotor de las amenazas e intimidaciones hacia los pobladores y el haber llevado adelante todo el proceso de apropiación de las tierras fiscales en la zona, a favor de Juan Carlos Romero y Gianfranco Macri. Producto de esta forma de operar se han registrado por lo menos 3 suicidios de criollos. En otros casos se les armó causas a los criollos que se quería desalojar". Pese a que "hubo un intento de juicio político a la jueza, no prosperó".
En este informe de situación se estableció además que la jueza "es señalada como esposa de un funcionario de Tecpetrol, que opera en los campos de Gianfranco Macri".
El reclamo actual de Pérez Esquivel refiere a las operatorias que se están realizando en el norte con integrantes de las comunidades, quienes son amenazados por empresarios para que firmen distintos acuerdos a fin que caiga una medida cautelar y un amparo que les prohíbe desmontar. La medida fue dispuesta por la jueza Cristina Montalbetti.
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