Fue un suicidio político en toda regla. José Manuel Soria, el poderoso ministro de Industria de España, renunció ayer a todos sus cargos después de enredarse durante cuatro días en explicaciones inverosímiles a partir de su vinculación con los Panamá Papers.

La situación de Soria se hizo insostenible cuando el jueves salió a la luz que fue administrador de una empresa en el paraíso fiscal de Jersey que nunca declaró, pese a que su actividad en ella coincidió con su etapa como alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Sin apoyos, el ministro se resignó a dar por "terminada" su carrera política con un comunicado en el que admite la "sucesión de errores cometidos en los últimos días" y lo exime de enfrentar una interpelación parlamentaria que se anticipaba como un suplicio para el gobierno de Mariano Rajoy.

Soria era un peso pesado del Partido Popular (PP) -presidía la filial canaria- y ejercía la interlocución de La Moncloa con los grandes empresarios. Su mención en los Panamá Papers empezó como una crisis menor, pero sus apariciones públicas lo fulminaron. Con cada explicación que daba surgía un nuevo documento que lo desmentía. El lunes los medios El Confidencial y La Sexta publicaron que Soria figuró entre los directivos de la sociedad UK Lines Limited, registrada en 1992 en las Bahamas por el estudio panameño Mossack Fonseca.

El ministro sugirió primero que debía ser un homónimo. Pero esa misma tarde, en conferencia de prensa, dijo que UK Lines era una firma británica que brindaba servicios de asistencia en puerto a la empresa de exportación de frutas fundada por su padre en Canarias. "No sé por qué mi nombre está ahí. Teníamos una relación puramente comercial", dijo. Al día siguiente, los medios lo dejaron en evidencia. Los registros públicos británicos muestran que fue secretario del directorio de UK Lines Ltd, la matriz que abrió la offshore en las Bahamas.

Abrumado, Soria apareció de nuevo ante la prensa. Dijo que se había enterado esa mañana de que UK Lines había sido fundada por su padre con un socio en Londres y que él desconocía haber sido inscripto como directivo.

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Pronunció una frase que sería su sentencia: "Es totalmente falso que tenga o que haya tenido nunca ningún tipo de relación con empresas radicadas ni en Panamá, ni en las Bahamas ni en ningún otro lugar considerado como paraíso fiscal".

Los secretos siguieron aflorando. Primero se supo que tras la muerte de su padre, en 1990, Soria y su hermano pasaron a integrar el directorio de Oceanic Lines, una empresa británica que asumió los negocios de UK Lines. El jueves se supo que Oceanic estaba controlada por una sociedad fantasma radicada en el paraíso fiscal de Jersey de la que Soria fue administrador por lo menos hasta 2002, oculto detrás de testaferros.

Rajoy le soltó la mano. Nadie lo defendió, a la espera de que asumiera su destino. El escándalo incomoda al presidente cuando España se encamina a nuevas elecciones. El propio Soria admitió en su renuncia "el daño evidente" que su actuación causa "al gobierno, al PP, a su militancia y a sus votantes".

El líder socialista, Pedro Sánchez, exigió al presidente que fuera al Congreso a explicar el caso. "El ministro ya ha asumido sus responsabilidades políticas", cortó ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, justificó la salida: "Nadie que haya operado desde paraísos fiscales puede estar en el gobierno".

Por esa regla moral la salida de Soria es un alivio, pero también una amenaza para La Moncloa, que desconoce qué nuevas sorpresas pueden salir de la caja de Pandora panameña.

El derrumbe de un peso pesado

José Manuel Soria

Ex Ministro de Industria

Profesión: político

Edad: 58 años

Origen: España

Era ministro de Industria, presidía la filial canaria del Partido Popular (PP) y ejercía de interlocutor entre La Moncloa y los grandes empresarios

Europa refuerza la privacidad

La Unión Europea aprobó anteanoche nuevas normas de protección de datos para reforzar la privacidad en Internet, simplificar la legislación en los 28 estados miembros e impulsar la cooperación policial y de seguridad. Las medidas aspiran a reemplazar el entramado de normas nacionales que hasta el momento sólo contemplaban pequeñas multas por infracciones.

Los consumidores podrán solicitar que se borre información no esencial de buscadores como Google, y también deberán dar su consentimiento antes de que compañías y gobiernos procesen información privada, entre otros cambios. Periodistas y ONG objetaron, sin embargo, que se harán más difíciles las investigaciones como las que derivaron en los Panamá Papers.