La justicia española suspendió ayer la imputación de la infanta Cristina, hija mediana del rey Juan Carlos, en el caso de corrupción en el que está envuelto su marido, Iñaki Urdangarin. Considera que de momento no hay indicios suficientes que sostengan la acusación contra ella como cómplice de su esposo.

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares –ante la que la propia infanta, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado recurrieron la imputación–, tomó la decisión por dos votos contra uno, emitiendo el fallo dos semanas antes de lo previsto. Sin embargo, la corte deja abierta la puerta a que la hija del rey, de 47 años y séptima en la línea de sucesión, pueda ser imputada por delito contra la hacienda pública yo de blanqueo de capitales.

Cristina se convirtió el 3 de abril en el primer miembro de una monarquía reinante en Europa en ser imputada por la justicia. La decisión causó un gran revuelo en España, donde la Corona, desde la acusación a Urdangarin a finales de 2011, atraviesa su peor crisis en los 37 años de reinado de Juan Carlos.

La Casa del Rey reaccionó a la suspensión de la imputación de la infanta expresando sólo su "máximo respeto a las decisiones judiciales", una reacción más sobria que la del 3 de abril, cuando mostró su "sorpresa" por la imputación y su "absoluta conformidad" con la decisión de la fiscalía de recurrirla.

Más expresiva fue ayer la infanta Elena, la hermana mayor de Cristina: "Estoy muy alegre", aseguró al ser preguntada cuando asistía al Abierto de Tenis de Madrid.

El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, rehusó hacer comentarios pese a la insistencia de la prensa. Pero su ministro de Exteriores, Jose Manuel García-Margallo, calificó la decisión judicial de "magnífica noticia porque es una infanta de España".

Lo que para el canciller español es una buena nueva, en las redes sociales causó indignación y motivó chistes sarcásticos, y llevó también a parte de la izquierda a sugerir que el gobierno de Rajoy, a través de la fiscalía y la Abogacía del Estado, impidió que la infanta declare ante la justicia. "Si la infanta Cristina no fuera la hija del rey de España, ni la Fiscalía General del Estado ni la Abogacía hubieran actuado como lo han hecho y la imputación se hubiera mantenido", dijo Ricardo Sixto, diputado de Izquierda Unida (IU), la tercera fuerza parlamentaria de ámbito nacional. El Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición, expresó solamente su respeto a la decisión judicial.

Cristina fue imputada el 3 de abril por el magistrado José Castro, el juez de Palma de Mallorca que investiga a su marido y al ex socio de este, Diego Torres, como sospechosos de haberse apropiado de seis millones de euros de dinero público a través del Instituto Nóos, una organización vinculada al mundo del deporte que oficialmente crearon sin ánimo de lucro. El magistrado consideró que existían suficientes indicios de que la infanta, miembro de la junta directiva de Nóos, fue partícipe necesaria de los delitos cometidos presuntamente por su marido. «