Es que casi de manera inédita, sólo el miembro informante de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Armando Cortalezzi, tomó la palabra únicamente para exponer los lineamientos generales de la medida, pero de allí en más ningún otro referente de la bancada justicialista optó por manifestarse en torno a la iniciativa, que fue denostada por la oposición dada la carga fiscal que implicará en cerca de 400 actividades productivas.

El proyecto en sí determina un ascenso de 1,4 a 3,5 puntos en el nivel de las alícuotas, lo que se traduce, de acuerdo a lo planteado por los refractarios al alperovismo, en un encarecimiento en el orden de hasta el 60 por ciento promedio en lo que respecta a la afectación tributaria que comenzará a regir a partir de enero de 2013.

El primero en cuestionar la ley fue el legislador del radicalismo Roberto Sánchez (también productor papero) quien sostuvo que debió haber merecido un tratamiento mucho más integral al que finalmente se le adjudicó por parte del oficialismo. Remarcó además que "los más agravante de esto es que representa un aumento de casi el 250 por ciento en algunas explotaciones agropecuarias, por lo que claramente estamos ante la presencia de una medida recaudatoria".

Paralelamente, adujo que "insistir con un aumento fiscal es una política que fracasó y a la cual no se la puede sostener en el tiempo".

Con posterioridad, quien hizo uso de la palabra fue el representante de la Democracia Cristiana, José Páez, quien basó su discurso en cuestionar a la autoridad de aplicación de la norma, que recae en la Dirección General de Rentas de la Provincia (DGR). "Como Legislatura volvemos a otorgar por ley el poder reglamentario, que es una facultad del PE, a la DGR", señaló.

Asimismo, consideró que será la población en general la que "sufrirá el aumento del tributo ya que la gran cantidad de artículos que son afectados se producen fuera de la provincia, generando una mayor inflación que afectará a los hogares de menores recursos". Tal descripción se refiere a las excepcionalidades planteadas por el otro proyecto de ley, denominado de promoción industrial, en el cual se dejan de lado las producciones tucumanas que seguirán siendo gravadas con los valores actuales de las alícuotas (ver nota inferior).

Una de las cuestiones que vale señalar es la exclusión en el texto de la iniciativa de la habilitación para disponer de medidas cautelares con la sola presentación del título ejecutivo. Tal decisión fue adoptada por el PJ luego de mantener sendas reuniones de último momento entre el martes y miércoles a la mañana con representantes de la Federación Económica de Tucumán y la Sociedad Rural de Tucumán, entidades que solicitaron obviar este artículo.

Una “aberración”

Siguiendo en la senda de las críticas para con el proyecto, al momento de sus manifestaciones, Alberto Colombres Garmendia (PRO) aseveró que "estamos ante un impuesto muy grande con incrementos en las alícuotas de hasta el 150 por ciento. Quien pagará el incremento será el ciudadano común porque estamos hablando de un tributo trasladable", indicó.

Además, el macrista lanzó que con esta normativa "se reduce la capacidad productiva y sube la presión fiscal generando un círculo de empobrecimiento". Destacó también que si se compara lo recaudado por Ingresos Brutos entre agosto del año pasado e igual mes de 2012, se registra un ascenso del 36 por ciento, dato que le permitió inquirir que "la única explicación a esta suba es que el gasto fue superior a la recaudación, por ende, es necesario avanzar en reducir este tipo de gastos improductivos", alegó Colombres Garmendia.

Por su parte, la radical Silvia Elías de Pérez sin más vueltas resaltó que a partir de la aplicación de esta ley "es lo peor que se puede hacer si lo que se desea es atraer inversiones genuinas, el cambio en las reglas de juego no favorece en nada este fin". Calificó al mismo tiempo de "aberración" y "altamente distorsivo" al proyecto.

Finalmente, graficó que "la Dirección General de Rentas será La Meca, porque cada uno de los productores tucumanos deberá peregrinar para llenar papeles y acceder a los hipotéticos beneficios impositivos".

Por último, el republicano Bussi consignó que "es difícil encontrar a un tucumano que aplauda este tipo de medidas, que nada tienen que ver con los postulados del PJ". Cargó contra sus pares oficialistas al argumentar que "acuden a un sablazo a los bolsillos de los tucumanos a través de esta medida desacertada que nada tiene que ver con la economía tucumana. Hay una improvisación total en materia tributaria", dijo Bussi.

Luego de la andanada de críticas opositoras, se esperaba la defensa del bloque peronista, sin embargo ni siquiera el titular de la banca "Tucumán Crece", Roque Tobías Álvarez, hizo alguna referencia al respecto, lo que levantó las ironías de los refractarios. "Es imposible defender lo indefendible", se lo escuchó espetar a Bussi, ante las tensas risas de los parlamentarios del PJ. Por ello, directamente se pasó a la votación que, dada la mayoría oficial, terminó por avalar el proyecto con la postura contraria de los siete miembros de la oposición.