La investigación judicial apunta a dilucidar si los responsables políticos de la Municipalidad de 25 de Mayo cometieron el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" cuando dieron la autorización para funcionar al local nocturno "El Rancho". La indagatoria de ayer comprendió no sólo al intendente Bravo sino también a una empleada administrativa de la comuna y al responsable de otorgar las habilitaciones comerciales en esa localidad.

La sospecha -y de allí que se haya solicitado una declaración indagatoria- es que Bravo no habría exigido los controles indispensables para otorgar la habilitación al cabaret.

La causa llegó a General Acha proveniente del Juzgado Federal de Santa Rosa. Recayó en la oficina de la fiscal Ana Laura Ruffini, quien encontró elementos suficientes como para impulsar una investigación y encomendó esa tarea al juez Alvaro José Reyes.

Explotada.

En Santa Rosa, el Juzgado Federal tiene bajo arresto a Javier Ulrich, un santarroseño de 42 años que espera su juicio alojado en la Colonia Penal (Unidad 4). Ulrich está procesado por un grave delito: trata de personas, delito se habría producido en el cabaret "El Rancho", ubicado en 25 de Mayo.

La investigación que desembocó en el procesamiento de Ulrich y ahora en la investigación por el supuesto "incumplimiento de deberes", comenzó cuando una joven de origen boliviano denunció que se encontraba en el cabaret contra su voluntad y era sometida a una explotación sexual. La joven puso en alerta a las autoridades policiales luego de que concurriera a realizar un trámite migratorio y, ante las preguntas de rigor, confesó que había llegado al país engañada y era obligada a ejercer la prostitución.

A la vez que procesó a Ulrich por trata de personas -dio por probada la veracidad de la denuncia de la joven boliviana-, el juez federal pampeano Pedro Vicente Zabala ordenó que se investigue si los funcionarios de 25 de Mayo no cumplieron con sus obligaciones al extender la habilitación para el funcionamiento de "El Rancho". Por tratarse de un delito que corresponde a la órbita provincial y estar en la circunscripción IV de General Acha, la causa desembarcó en el tribunal de Reyes.

Ahora, el joven intendente deberá esperar que el magistrado resuelva su situación procesal, pero para que eso suceda, existe un plazo de diez días hábiles.

Si bien se supo que el intendente concurrió al juzgado y cumplió con la citación, se desconoce si efectivamente brindó la indagatoria. Lo mismo ocurre para las otras dos personas convocadas por la Justicia achense.

Negativa.

"Es cierto, estuve en los tribunales pero fue por otra causa". A la defensiva, el intendente David Bravo negó en un principio que la visita a General Acha tuviera alguna relación con cuestiones judiciales. Más aún, cuando el periodista de LA ARENA le hizo notar que había sido visto en el edificio judicial, reconoció que había estado allí pero aclaró que era una causa diferente a la que, según suponía él, motivaba el llamado telefónico.

Cuando se le preguntó por la causa del "incumplimiento", primero alegó desconocimiento, luego dijo que quien estaba involucrado era el encargado de dar las habilitaciones comerciales, y finalmente anticipó que cuando la Justicia lo necesite, "voy a ser el primero en ir" ya que no tiene responsabilidad alguna porque las normas para habilitaciones están estipuladas por ordenanza.

Ante la insistencia, reiteró que no está involucrado en esa causa y por ende, tampoco prestó declaración indagatoria en la jornada de ayer. "Quizá mis abogados hayan recibido alguna notificación que yo desconozca, pero hasta ahora no me han dicho nada", sostuvo el mandatario.