El juez federal José Charlín, acusado por violencia de género, malversación de fondos públicos, amenazas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, deberá prestar declaración indagatoria el próximo lunes. El viernes pasado la defensora oficial, Laura Armagno, solicitó la postergación de la indagatoria por el cúmulo de trabajo que tiene esa defensoria, aunque el juez subrogante, Ignacio Rodríguez Berdier, rechazó ese pedido y ratificó la indagatoria este lunes a las 8 horas.

Rodríguez Berdier consideró que no es un motivo atendible la cantidad de trabajo de la defensoría porque Charlín podría pedir la asistencia de otror defensor y, aun, declarar sin un abogado que lo patrocine. Una versión que circuló en pasillos tribunalicios indicó que el polémico Charlín no se presentaría el lunes. Si esto ocurre, Charlín quedaría expuesto a un pedido de remoción de su cargo, a un juicio político en el Congreso de la Nación.

La ley 25.320, que regula los fueros especiales, establece que el legislador o magistrado que no se presente a una indagatoria queda expuesto a que el juez que interviene reclame su desafuero o juicio político en el Congreso y la remoción en el Consejo de la Magistratura.

Charlín, en realidad, debe comparecer en la indagatoria y someterse a la investigación judicial hasta que culmine en un sobreseimiento o una condena. En el caso de que fuera condenado, cuando quede firme, se abriría la instancia del juicio político para removerlo del cargo.

Todo un personaje, Charlín fue protagonista el año pasado de un escandalete en el ámbito de la Juticia Federal en la provincia. Tal como informó El Diario, el pasado 9 de diciembre el fiscal subrogante, Jorge Bonvehí, había solicitado su indagatoria.

Ahora, el actual secretario del Tribunal Oral Federal, Ignacio Rodríguez Berdier, que oficiará como juez, le puso fecha a ese encuentro porque hay elementos para indagarlo como sospechoso de haber cometido algún delito.

El juez federal de Pico había sido denunciado por empleados y funcionarios judiciales del Juzgado de Santa Rosa, cuando subrogó el cargo a partir de la enfermedad del juez Pedro Zabala, que luego falleció. Charlín está designado para asumir en el Juzgado de Pico, que todavía no se puso en funcionamiento.

Charlín fue apartado del cargo que subrogaba luego de que los empleados lo denunciaran por maltratos, amenazas con un arma de fuego y acoso.

El funcionario negó todas las acusaciones. Un paro de la mayoría de los empleados del Juzgado desembocó en su suspensión. Asumió entonces Iara Silvestre, la secretaria del Juzgado y una de las denunciantes.

Finalmente, el juez de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, resolvió aceptar el pedido fiscal y decidió que se cumpla la indagatoria.

La denuncia contra Charlín la presentaron una funcionaria y seis empleados del Juzgado santarroseño ante el fiscal Juan José Baric. Este pidió el apartamiento del acusado y la Cámara Federal de Bahía Blanca hizo lugar al pedido.

En la denuncia, entre otros hechos, los empleados relataron un incidente en el que, totalmente desequilibrado, Charlín le pidió el arma a un custodio, tomó posición de tiro y pidió que ingrese al despacho una de las empleadas: “Decile que venga, que le doy entre las cejas”.

Además denunciaron que filtró información de allanamientos y asesoró a los imputados en el caso de trata de Lonquimay. Denunciaron malos tratos hacia el personal.

La secretaria Iara Silvestre (actualmente jueza subrogante) denunció que en varias oportunidades se sintió acosada por los comentarios que Charlín hacía sobre su físico, al punto tal que le solicitó al personal que se desempeña junto a ella que no la dejaran sola con el juez.