La Unidad Funcional de Policía -denominada también, con un criterio amplio, Comisaría de la Mujer- inaugurada la semana pasada aún no está en funcionamiento. Según pudo saber LA ARENA, cuenta con una mínima cantidad de personal y aún no recibe denuncias. Recién ayer comenzó la mudanza, pero ni siquiera tiene instalado el teléfono.
El papel de la Unidad Funcional es el diseño de planes y programas de atención para asistir a víctimas de problemáticas vinculadas a la violencia de género, niñez, adolescencia o trata de personas. Pero el acto del pasado jueves fue más para las fotos que para otra cosa. El ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, César Ignacio Rodríguez, le entregó las llaves a la comisario Sonia Martín, pero parece ser lo único que ha aportado la cartera provincial: aún no hay muebles y todavía no llevaron el teléfono. Es más, quien ingrese al edificio ubicado en Chile 592 puede observar como el equipo de radio que debería estar junto a la mesa entradas en realidad está en el suelo.
El trabajo de Martín al frente de la Seccional Séptima ha sido aprobado desde distintos sectores, pero los funcionarios provinciales parecen haberse quedado en los anuncios.
Los protocolos de trabajo en cuanto a la recepción de las denuncias y la tarea de abordaje posterior, sigue siendo, por ahora, la misma, y lo será en la medida que la nueva dependencia no esté en completas funciones. Las denuncias son recepcionadas en cualquiera de las seccionales, quienes llevan adelante los expedientes y desde allí se les da intervención, por un lado, al Juzgado de turno y, por el otro, a los gabinetes técnicos que aún funcionan en la Seccional Séptima y que sería absorbida por la Unidad Funcional ya que ese trabajo se centralizaría.
Un caso que se conoció en los últimos días, el de Yanina Lallana, sigue siendo tratado de esta manera y bajo las mismas directivas. Ayer fuentes policiales dijeron a este diario que la joven, que había denunciado a su ex pareja Javier Sallago por amenazas y apuntó a dos policías por encubrirlo al rechazar sus denuncias, fue entrevistada los psicólogos y asistentes sociales que deberán dar su informe a la jueza Laura Armagno, titular del Juzgado de Instrucción y Correccional 3.


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