Fiscales de Argentina, Uruguay y Brasil dieron el paso fundacional para la creación de una red regional que coordine la investigación de los delitos cometidos en el Plan Cóndor. En un encuentro que mantuvieron junto al ex juez español Baltasar Garzón, los funcionarios judiciales comenzaron a diagramar una estructura de cooperación jurídica para conformar "la contracara de la Operación Cóndor", según palabras del fiscal argentino Miguel Osorio.

En el despacho del titular de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Remo Carlotto, los fiscales Osorio; Iván Marx, de Brasil; y Ana María Tellechea Reck, de Uruguay; coincidieron el lunes pasado en el objetivo de unir experiencias, unificar criterios de persecución penal y buscar estrategias para acompañar los procesos en los países en los que se han frenado las causas judiciales. El resultado fue el compromiso de extender la invitación a sus pares de Chile, Bolivia y Paraguay y, por otro lado, darle forma a un protocolo de cooperación, luego de estudiar las normas de cada país. También participó del encuentro el titular de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura, Pablo Vassel, quien puso a disposición la extensa red de nodos de videoconferencia que ya se utiliza para las causas y juicios por delitos de lesa humanidad para tomar testimonios en todo el mundo.

No fue casual que el encuentro se realizara a pocas semanas de haber comenzado el juicio oral por los delitos del Plan Cóndor, la causa donde se juzgan crímenes que tuvieron como víctimas a ciudadanos argentinos pero también uruguayos, paraguayos y chilenos. Ante la dificultad en los países de la región de investigar los crímenes de sus dictaduras, la persecución penal conjunta de los delitos cometidos en el marco de la Operación Cóndor podría abrir una puerta clave para avanzar en las naciones en las que las causas del terrorismo de Estado permanecen casi clausuradas.