El pedido de jury, promovido por el senador Alberto de Fazio y los diputados Martín Cosentino, Guido Lorenzino, Rodolfo Iriart, Raúl Pérez, e Iván Budassi, se basa en “diversos incumplimientos a las obligaciones funcionales por parte de los denunciados, quienes, de manera maliciosa e interesada, han generado inquietud e incertidumbre en la población sobre la cantidad de personas fallecidas durante el temporal del pasado 2 de abril”.

“No ha habido por parte de las autoridades ningún tipo de ocultamiento de la situación planteada. Existe una cifra comprobada de muertes causadas en forma directa por el temporal de alrededor de 50 personas. Al mismo tiempo, se produjeron otros decesos, los cuales el Poder Judicial está investigando si tuvieron o no relación con el desastre que afectó a la ciudad de La Plata”, indicaron los denunciantes.

De allí que entienden que la intervención judicial que pretenden llevar adelante los funcionarios, y la difusión en los medios de noticias “falsas” sobre estos hechos, representan "un abuso de autoridad y un incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La denuncia, que será presentada ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, indica que los acusados "violaron los deberes a su cargo y actuaron negligentemente, dado que se arrogaron una competencia sustancial y temporal que no poseían, para promover las actuaciones judiciales llevadas adelante".

Los legisladores sostienen que el desempeño de los funcionarios muestra una "clara violación de las normas que rigen el correcto ejercicio de sus funciones, realizando graves irregularidades al procedimiento a su cargo". Asimismo, destacaron que "incumplieron el deber general de buena conducta, mesura y decoro impuesta por la Constitución y las leyes provinciales para el desempeño de la magistratura".

"Las actuaciones de Arias y Axat en medio de la catástrofe, reñidas con las normas que rigen su competencia funcional, como así también el raid mediático posterior, se explican por la parcialidad manifiesta con que ambos han teñido su proceder y, en definitiva, denotan una participación en cuestiones políticas incompatibles con el ejercicio de la magistratura que ejercen", expresaron.

Finalmente, indicaron que el juez Arias ha tenido una seria de actitudes y conductas vinculadas con su desempeño que, por su acumulación y recurrencia, ameritan que se lo separe del cargo que ejerce.

"El magistrado se avoca al conocimiento de causas de gran repercusión pública, habitualmente con dudosa competencia para ello, tomando medidas de alto impacto y apareciendo inmediatamente en todos los medios de comunicación, lo que excede en mucho los parámetros de prudencia y mesura que su cargo le imponen. Posteriormente, los tribunales superiores revocan la medida, en general en duros términos para con él, pero la conmoción pública ya se ha producido, y la intervención mediática con alto componente político de Arias ya se ha consumado”, sostuvieron los denunciantes.

Una vez presentada la denuncia ante la Secretaría, ésta notificará a los imputados y realizará algunas medidas preliminares. Luego citará a una audiencia en la que los miembros del jury deberán establecer si prima facie existen causas para llevar adelante el juicio político. Si se expiden favorablemente, la Secretaría fijará la fecha del juicio oral en la que el jury (presidido por el presidente de la Suprema Corte provincial e integrado por abogados de la matrícula y legisladores), deberá decidir si hay motivo para destituir a los magistrados denunciados.