Impulsan Jornada de Trabajo para debatir costo e implementación de las tarjetas por aproximación

Once concejales de la oposición presentaron este miércoles un proyecto para que se convoque a una Jornada de Trabajo. La iniciativa está impulsada por el bloque de la UCR a través de Eduardo Abud y acompañada por los ediles Guillermo Schutrümpf (GEN), José Cano (Autonomía Municipal), Carlos Arroyo (Frentes es Posible) y Diego Garciarena (Frente Nacional y Popular Marplatense).
El encuentro tiene como eje convocar a todos los sectores y ciudadanos marplatenses que quieran debatir el tema del costo e implementación de la tarjeta por aproximación.

El Expediente 2258/2010 presentado por la UCR propone comercializar las denominadas tarjetas por aproximación como parte integral del nuevo "Sistema Prepago de Admisión de Usuarios del Transporte Urbano de Pasajeros” a un costo que no podrá exceder el del actual sistema de tarjeta magnética.

En una gacetilla de prensa, el concejal Abud argumentó su proyecto “nos parece importante que los marplatenses participen en forma democrática en una Jornada de Trabajo para opinar sobre el costo y la forma de implementación de la misma”.

“Desde la UCR presentamos varios proyectos para que el costo de la tarjeta no impacte en el bolsillo del usuario de colectivos, pero desde Acción Marplatense insisten en un proyecto que autoriza un aumento del 200% del valor actual”, agregó.

En ese sentido, Abud dijo que “se presentó este proyecto para convocar a una Jornada de Trabajo en el recinto de sesiones del HCD en el que se escuche la opinión de distintos sectores referida al valor de la tarjeta por aproximación, puesta en funcionamiento de la misma, durabilidad, y posibles alternativas para la admisión de usuarios en el sistema de transporte publico de pasajeros”.

En la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante, está previsto que se ponga a consideración del cuerpo el proyecto del oficialismo que fija un precio de $3 a las tarjetas por aproximación; su implementación a partir del 15 del corriente; una convivencia de dos meses con el sistema vigente y sanciones para las empresas en caso de no reponer de manera inmediata los plásticos dañados.

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