En un trámite pocas veces visto en el recinto, se llevó a cabo una audiencia pública respecto al pliego de un juez para Saladas.
El Senado ahora, antes que analizar un pliego y una impugnación, deberá fijar como precedente para casos futuros si se puede dar acuerdo para cubrir una vacante que aún no se ha producido al no estar firme la destitución del Juez removido.
La sesión de ayer en la Cámara de Senadores de la Provincia anticipaba un tinte judicial evidente, en el sentido de que se analizarían pliegos para cargos como el del Juzgado de Familia de Paso de los Libres, o el de Defensor de Pobres y Ausentes, y el de Juez de Instrucción y Correccional de Saladas. Pero fue en éste último donde se produjo un desfase administrativo institucional que involucró al propio cuerpo legislativo y al Superior Tribunal de Justicia.
Es que el bloque del Partido Justicialista del Senado pidió con bastante antelación a la Corte provincial que se informe si la destitución del magistrado de Saladas, Ramón Ramírez estaba firme, y la respuesta tardó en llegar, hasta el punto de que al finalizar la sesión no hubo novedades relacionadas con la requisitoria.
Sin embargo, "tarde, pero seguro" llegó la respuesta del Superior Tribunal, la cual reflejó varias particularidades; por un lado, que la misiva sólo contó con la firma del presidente, Guillermo Semhan; por el otro, que el Ministro mercedeño reconoció que el recurso de casación está en trámite, y remarcó que el mismo "no suspende la ejecución del concurso dispuesto por el Consejo de la Magistratura para la cobertura del cargo de Juez de Instrucción Correccional de Saladas".
Lo referenciado por Semhan anticipa una posible disyuntiva, en el sentido de que el Senado podría verse envuelto en una historia controvertida debido a que deberá avanzar en un pliego que ante un posible fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoque lo actuado por el Superior Tribunal, dejaría al cargo en cuestión con dos jueces (ver más en Análisis de Redacción).
Lo cierto fue que ayer, en la sesión la nota firmada por Semhan no estaba por lo que los legisladores avanzaron con el pliego enviado por el Poder Ejecutivo para la designación en el cargo de Juez de Familia de la Cuarta Circunscripción Judicial, de Paso de los Libres, para Marta Rut Legarreta. El cuerpo parlamentario también llevó a cabo las audiencias públicas para tratar la solicitud de acuerdo para la designación en el cargo de Defensor de Pobres y Ausentes Nº 1 de Corrientes, para Roxana Itatí Duarte López, que pasó sin impugnaciones a la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamentos.
Y el pliego para la designación en el cargo de Juez de Instrucción y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de Saladas, para María del Carmen Mareco, con dos impugnaciones de los ciudadanos María Mercedes Vera de Uset, Ramona Adela López, pasó a la misma comisión.
OTROS TEMAS
Los integrantes de la Cámara alta provincial además trataron el proyecto de ley por el que se reglamenta el régimen de trabajo artístico de niñas, niños y adolescentes, pasó con media sanción a la Cámara de Diputados.
Obtuvo el mismo aval la propuesta por la que se establecen restricciones de portación, tenencia y transporte del arma de dotación a los efectivos de la Policía de la Provincia denunciados por violencia familiar o de género.
Misma suerte corrió el proyecto de ley por el que se crea el Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; con media sanción pasó a la Cámara de Diputados.
Se incorporó al orden del día y se dio tratamiento sobre tablas al Proyecto que establece la modificación e incorporación de artículos a las Ley 5.907 (Competencia Justicia de Paz), del senador, Sergio Flinta.
Sumado a esto, se convirtieron en resoluciones dos proyectos; uno que solicita al Poder Ejecutivo que reglamente la Ley Provincial Nº 4.374, sobre bonificación mensual por gastos de movilidad al personal docente comprendido en la Ley Nº 3.723 y el agregado del inciso j) al artículo 16º de la Ley Nº 3.801. El otro, enviado por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Corrientes por el que se recomienda a distintos estamentos competentes del Estado medidas conducentes al cumplimiento de las normativas de protección del ambiente.


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