Los anuncios del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sobre cambios en el diseño de los impuestos a las bebidas azucaradas en la reforma tributaria han prendido las alarmas en las organizaciones que han impulsado la activación de esta medida. Tal cual se están proponiendo, dicen, los impuestos no cumplirían con su objetivo en salud pública.
En los últimos días se han multiplicado las reuniones para allanar el camino de la reforma tributaria en el Congreso. La idea, ha explicado el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, es lograr el mayor consenso posible. Esta semana, y tras nuevas reuniones, Ocampo anunció cambios respecto al documento inicial que había propuesto su ministerio. En este caso, las modificaciones tocan también a los llamados impuestos saludables. (Lea: La nueva lista de cambios que tiene la reforma tributaria de Gustavo Petro)
“El gramaje a partir del cual se cobra el impuesto y el valor del impuesto”, fue como resumió Ocampo las áreas en las que hubo cambios, refiriéndose a las bebidas azucaradas y agregando que se trataba de “pequeñas” modificaciones. Colombia pretende gravar las bebidas azucaradas a partir del contenido de azúcar que tengan por cada 100 mililitros (100 ml). En el proyecto inicial se plantea que si la bebida tiene menos de 4 gramos (gr) de azúcar por cada 100 ml, no debe pagar nada; si tiene entre 4 gr y menos de 8, debe pagar $18 pesos, y si tiene 8 gr o más, debe pagar $35.
Tras los anuncios del pasado martes del ministro Ocampo, comenzó a circular entre las personas que han dado la discusión sobre este impuesto un documento (que aún no es oficial) en el que se reseñan los cambios. Entre ellos, por ejemplo, el impuesto se escala: los valores a pagar por gramos de azúcar irían subiendo a partir de 2023 y tendrían su punto máximo en 2025. La cantidad de azúcar a partir de la cual se pagaría impuesto no sería de 4 gr, sino de 5 gr x 100 ml.
Esa propuesta continúa siendo discutida y puede cambiar en cualquier momento. Pero, al igual que la original presentada hace unas semanas, tiene inquietas a las organizaciones civiles que han trabajado el tema. “Nos preocupa el diseño técnico del impuesto”, resume, por ejemplo, Zaira Campo, directora de operaciones de Red Papaz. (Puede leer: Impuesto a bebidas azucaradas: ¿Qué es mentira y qué es verdad?)
PUBLICIDAD¿Cambios pequeños?
El principal problema que ven las organizaciones civiles en la propuesta, tanto en la vieja oficial como en la nueva informal, es lo que consideran una baja tasa de impuestos. Al pensar en bebidas azucaradas es usual que lo primero que llegue a la mente sea una gaseosa. Si nos ceñimos a la propuesta oficial, una gaseosa de presentación personal, que suele tener 11 gr de azúcar por cada 100 ml (y supongamos que tiene 400 ml), podría incrementar su valor en un 5 % Es decir, la bebida subiría de precio en $140, pasando de, por ejemplo, $2.500 a $2.650.
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Entre los nuevos cambios que este diario conoció y que se están discutiendo aún, se evalúa incrementar la máxima tasa a pagar entre un rango de los $35 por 100 ml (como está en el proyecto original) a un máximo de $70 por 100 ml. Aun si fuera esta última cifra, el incremento sobre el precio final de una gaseosa de 400 ml y 11 gr de azúcar por cada 100 ml, sería de un 11,20 %.
Cualquiera de los dos incrementos es mucho menor que el del 20 % que recomienda la OMS o el del 24 % que sugiere el propio Ministerio de Salud. La OMS afirmó en 2016 que las políticas fiscales que conducen a un aumento de al menos el 20 % del precio de venta al público de las bebidas azucaradas podría redundar en una reducción proporcional de su consumo. No se trata de que un impuesto menor no tenga efecto, lo que sucede es que este no es significativamente alto. (Le puede interesar: Impuesto a las bebidas azucaradas: ¿Qué efectos tendría?)
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“Se reducirían los efectos o impactos que esta medida pueda tener y en el mediano plazo podría ser usado para criticar la efectividad del impuesto”, dice Diana Guarnizo, abogada de la Universidad Nacional de Colombia y directora del área de Justicia Económica de la ONG Dejusticia. Siguiendo con el ejemplo de la gaseosa de 400 ml, Dejusticia estima que, para lograr el objetivo de desincentivar su consumo, el incremento del precio final debería ser al menos de $720.
El diseño actual del impuesto no solo no alcanza las recomendaciones de la OMS. En un cuestionario que el Ministerio de Salud respondió a inicios de septiembre a senadores de la Comisión Séptima de la Cámara, Carolina Corcho afirma que durante 2019 el Ministerio formuló un informe de política sobre impuesto a las bebidas azucaradas “(...) encontrando que la alternativa de un impuesto de 24 % en bebidas azucaradas es la más costo-efectiva, conduce a menos costos y genera una mayor reducción en la prevalencia de exceso de peso”.
Hay diversa evidencia que apoya eso último. Un estudio publicado por el colombiano Andrés Vecino en 2018, por ejemplo, estimó que un impuesto del 24 % a las bebidas azucaradas es el nivel mínimo que produce reducciones estadísticamente significativas en la prevalencia de sobrepeso y de obesidad, que en Colombia es del 56 % y del 19 %, respectivamente, según el Minsalud.
Una de las mayores preocupaciones de estos sectores es que en unos años, cuando el país evalúe el impacto de esta medida, la conclusión sea que no sirvió. Por eso, finalizan, “es urgente tener claro que no basta con tener un impuesto a las bebidas azucaradas cualquiera, se necesita uno que tenga un diseño adecuado y con base en la evidencia”.
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