Apesar de que en la ponencia final de la reforma tributaria no quedó incluido el impuesto nacional al consumo de bebidas azucaradas, durante la discusión en plenarias de Senado y Cámara de Representantes varios congresistas radicarán proposiciones para que se pueda debatir. Sin embargo, no hay mucho ambiente entre los partidos de gobierno.

La representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, ya radicó una en la que pide que las bebidas con edulcorantes, azúcares adicionados y con aporte calórico, nacionales e importadas como aguas endulzadas, bebidas gaseosas o carbonatadas, entre otros, deberían pagar una tarifa hasta alcanzar el 25 por ciento sobre el precio que defina el productor a los vendedores o expendedores al detal.

Según la proposición de Miranda, la tarifa se aplicaría de forma gradual, por tres años. En el 2022 se pagaría 15 por ciento, en el 2023 un valor del 20 por ciento y en el 2024 llegaría al 25 por ciento.

Con este recaudo, la representante pide fortalecer los programas de salud y nutrición departamentales y municipales, así como mejorar la producción campesina y garantizar la potabilización de agua en territorios dispersos, entre otros.

Igualmente, está la propuesta del representante del Partido Liberal Juan Carlos Losada. Esta ya ha sido firmada por diferentes congresistas de la Alianza Verde como Mauricio Toro, Juanita Goebertus o Fabián Díaz, liberales como José Luis Correa o de la lista Decentes como David Racero, entre otros.

La idea es que también se incluya de forma gradual un impuesto nacional que iniciaría a partir del 2022 con un 15 por ciento y alcanzaría su tope en el 2023 con un 25 por ciento. “Los beneficios en este tema no son solo en términos de salud, según estimaciones de Dejusticia, con una sobretasa del 20 por ciento al consumo de las bebidas azucaradas se generaría un recaudo de más de un billón de pesos anuales y se invertirían menos recursos en los gastos del sistema público de salud para tratar enfermedades como obesidad y sobrepeso”, señaló Losada.

Este propuesta de impuesto saludable ha sido impulsada por la corporación sin ánimo de lucro Red Papaz, que ha llevado a cabo una estrategia digital a través de la página web www.villanabebidaazucarada.org para preguntar al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, a los congresistas y a sus partidos de qué lado están frente a este tributo.

Para Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, es una vergüenza que ante un tema de gran interés ciudadano, estemos ante una “maniobra” tan confusa y poco transparente, con un ministro de Hacienda que no ha definido públicamente su indispensable apoyo a esta medida.

El representante Víctor Manuel Ortiz también radicó una propuesta similar para que se cree este impuesto a partir del 1.° de enero del 2022. En esta se especifica que la tarifa del impuesto nacional al consumo de bebidas endulzadas y azucaradas será de 300 pesos por cada litro (mil centímetros cúbicos o su equivalente).