El 11 de noviembre se iniciará el juicio oral por presuntas coacciones por parte del extitular de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones y luego jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, su colega en la fuerza Mauricio Oyaduy y Daniel Mendoza, presunto narcotraficante. La causa, llevada adelante por el juez Francisco Miño, tiene su génesis en la denuncia que hizo la titular de la Asociación Madres Solidarias del Barrio René Favaloro, Norma Castaño, quien había señalado al uniformado por complicidad con las organizaciones narcocriminales.

Miño aceptó los argumentos del fiscal federal Walter Rodríguez, quien consideró probado que el ex titular de la fuerza de seguridad provincial “ayudó a eludir”, al menos en dos oportunidades, las investigaciones judiciales por “comercialización de estupefacientes, del cual tenía cabal conocimiento, con ánimo de lucro”. El magistrado también rechazó el pedido de la defensa de Daniel Tuerto Mendoza que había solicitado su sobreseimiento.

En el escrito de 12 páginas, Miño elogió el trabajo de investigación del representante del Ministerio Público y citó las pruebas consideradas en el requerimiento de elevación a juicio. El juez manifestó que el fiscal “para llegar a las conclusiones a las que arribó no ha merituado solamente el testimonio prestado por Norma Castaño, sino un cúmulo de pruebas que le ha permitido establecer la responsabilidad penal de Mendoza en los hechos investigados y el pase de la causa para su juzgamiento oral y público”.

Rodríguez había afirmado que ante “un concreto requerimiento de informe formulado a la estructura policial provincial especializada en delitos vinculados al narcotráfico, el entonces director General Hugo Damián Tognoli informó sobre casos de menor cuantía (simple tenencia de estupefacientes para consumo personal), y omitió comunicar la existencia de investigaciones por infracción a la ley 23.737 seguidas contra Daniel Francisco Mendoza”.

Según el fiscal, “el efectivo conocimiento que Tognoli tenía de la existencia de investigaciones seguidas contra Mendoza se encuentra corroborado por los mensajes de texto de contenido intimidatorio que este último envió a Norma Castaño”. El juez Miño consideró que “esas amenazas materializadas bajo la forma de mensajes de texto han tenido la entidad suficiente que requiere el tipo penal de las coacciones para que su destinatario haga algo en contra de su voluntad (en la presente, que retire las denuncias que había formulado respecto del encausado Tognoli)”.

En el auto de elevación a juicio, el juez federal Nº 2 destacó un fragmento del testimonio de la ex pareja de Mendoza, Sandra Rosa Miranda, quien afirmó que “personal policial visitaba la vivienda de Colastiné en la que residía Mendoza y mantenían diálogos”. La mujer además declaró que “en una de esas reuniones que Mendoza tenía, este indicó a su interlocutor: «Vos hablá con el de arriba»”.

Asimismo, Miranda recordó también que en otra casión “Mendoza mencionó a Pagano y Tognoli, que eran funcionarios policiales y que tenía presente los cambios en sus cargos”. Sobre la base de esas declaraciones, el fiscal había concluido que Daniel Tuerto Mendoza conocía a los otros dos imputados. El juez coincidió con Walter Rodríguez y sostuvo que “entre ellos habría existido un accionar mancomunado para la comisión del delito de coacciones”.