"En muchísimas oportunidades este problema nos fue planteado por Roberto Simpson (de la Asociación Trabajadores del Estado) y nosotros se lo trasladamos a las autoridades del Ministerio de Cultura y Educación".

El funcionario se negó a aceptar que el Estado Provincial contrate "en negro" a quienes cumplen tareas de mantenimiento y limpieza de los establecimientos educativos. "Hay una diferencia notoria entre lo que era el plan "Entre Nosotros" y estos casos, porque la situación de los porteros nunca estuvo enmarcado en la crisis del mercado laboral desatada en el país, simplemente se trató de un paliativo que quedó sin resolverse".

"Hace mucho que conoces esta problemática, incluso hay dictámenes de la Subsecretaría de Trabajo elevados a Educación para que se corrigiera y entendemos que en muchos casos eso se hizo".

-Pero el Ministerio de Cultura y Educación siguió contratando irregularmente a los porteros, pagándoles con subsidios por intermedio de las municipalidades.

-Pero no podemos hablar de empleo "en negro", como sí podemos hacerlo con los cerca de 1.300.000 planes Jefas y Jefes de Hogar que subsisten, que son los que se quedaron al no cobrar la asignación universal por hijo.

-¿La Subsecretaría de Trabajo, como poder de policía en materia laboral, no debe intervenir en este tema de los porteros?

-No, sí asesorar a las autoridades de Educación, pero eso (la resolución) es algo que depende de ese Ministerio.

-¿Y qué esgrime Educación para no normalizar la relación contractual con los porteros?

-Que faltan vacantes. Insisto, tengo entendido que en muchos casos se ha regularizado la situación de los trabajadores y se están estudiando distintas posibilidades de solución. Tampoco podemos olvidarnos de la Ley 23543, que suplió el régimen laboral del programa "Entre Nosotros".

"Catarata" de juicios por porteros en negro

La oposición había advertido al Gobierno provincial por los porteros que cobraban "en negro", y hasta hubo un proyecto para crear 350 vacantes en el ámbito del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia en el escalafón de la Ley 643. Así lo recordó ahora la diputada provincial Josefina Díaz (Frepam), quien señaló que la posibilidad que se desate "una catarata de juicios" reclamando al Estado provincial es "consecuencia de la imprevisión y la tozudez" de las autoridades.

Los cargos, de acuerdo al proyecto presentado hace más de dos años, debían ser cubiertos "en su totalidad" por quienes se encontraban prestando servicios de porteros en esos momentos. Hace pocos la Cámara de Apelaciones de lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico falló a favor de un trabajador que durante siete años se desempeñó como portero en la Escuela 13 Bartolomé Mitre, de Colonia Barón. El trabajador, como otros casi 400 porteros de toda la geografía provincial, cobraba "en negro" con un subsidio de la provincia a través del municipio.

Advertencia desoída.

"Hace años que venimos advirtiendo de este estado de cosas, y solicitando se regularice la situación de todos estos trabajadores, sin obtener respuesta del Gobierno Provincial", reprochó Díaz. Recordó que "ante esa inacción y falta de voluntad para resolver la problemática de esos trabajadores", se presentó una iniciativa concreta -expediente 319/2008- para crear 350 vacantes de porteros, en el escalafón de la Ley 643. "Ese proyecto de ley, a más de dos años de su presentación, no fue tratado por la mayoría justicialista de la Cámara de Diputados", sostuvo.

Aseveró que ahora que se habla de la posibilidad de juicios "no pagarán de sus bolsillos los funcionarios inoperantes, sino que se pagarán con el dinero nuestro, el de todos los pampeanos. No pueden decir que no fueron advertidos, no pueden decir que no tuvieron el acompañamiento de la oposición para ensayar una solución, no pueden decir que no tuvieron tiempo de evaluarlo. ¿Qué van a decir? Es otro coletazo final más de un gobierno que no sólo no resuelve los problemas, sino que además los agrava y crea otros nuevos".

¿Y los chóferes de ambulancia?

Se quejó que para el Gobierno provincial "la justicia social no es ni siquiera una declamación, y olvidó por completo las prioridades. Están dispuestos a gastar $50 millones en un autódromo en Santa Rosa, llevan gastados otros $60 millones en un megaestadio que nunca se termina, siguen favoreciendo a empresas que reiteradas veces han incumplido sus contratos. Parece ser que el criterio es cuidar los intereses de 'empresarios amigos', y postergar indefinidamente los derechos de los trabajadores.".

Sugirió que "lamentablemente los porteros no son los únicos en estas condiciones: los choferes de ambulancias también son víctimas de esta modalidad laboral establecida desde el Estado provincial. También advertimos y reclamamos por sus derechos en reiteradas oportunidades, sin lograr que los responsables del área aborden esta situación. ¿La justicia social? Bien, gracias, cajoneada hasta la próxima elección", concluyó.

En Macachín piden que Educación regularice situación laboral

El titular del bloque del Frepam del Concejo Deliberante de ésta localidad, Gustavo Fermanelli, advirtió que, tras el fallo contra la municipalidad de Colonia Barón a favor de un portero, la comuna de Macachín comete el mismo error administrativo desde hace varios años. Aseguró que desde su bancada han reclamado al Ejecutivo que modifique esta situación irregular desde hace tiempo sin obtener respuestas.

Caso Barón.

En su edición dominical, esta hoja informó que la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial (General Pico), falló a favor de Pedro Molina, quien durante siete años se desempeñó como portero en la escuela 13 "Bartolomé Mitre" de Colonia Barón.

Si bien las escuelas dependen del Ministerio de Cultura y Educación (MCE) provincial, el pago al trabajador se efectivizaba a través de un subsidio a la municipalidad. Por este motivo, esta última deberá enfrentar la indemnización. Este tipo de situación irregular se estaría dando en la mayoría de los municipios de la provincia, lo que los pone en la misma condición de irregularidad jurídica que Barón.

Macachín también.

Fermanelli le dijo ayer a este diario que “la misma situación irregular de la contratación de porteros se da en la municipalidad de Macachín. Acá también el gobierno provincial envía subsidios para el pago de ‘Gastos de limpieza de escuelas’ y la Municipalidad le paga su salario a las personas que realizan la limpieza”.

El edil agregó que “la mayoría de estas personas figuran como monotributistas y le facturan a la Municipalidad. Sin dudas que esto pone en riesgo al municipio de Macachín, ante posible reclamo, tanto para el logro de su incorporación, como por el pago de diferencias salariales, de salarios familiares o aguinaldos, que no le han sido pagados”.

“Esta modalidad la implementó el Ejecutivo municipal desde el mes de marzo de 2009. Nuestro bloque desde abril de ése año a la fecha venimos haciendo las observaciones sin obtener respuestas ni lograr que modifiquen esa irregularidad administrativa. El fallo contra la municipalidad de Colona Barón avala nuestra preocupación”, agregó.

“La solución a esta cuestión está en manos exclusivamente del ministerio de Educación que debe regularizar el nombramiento de los porteros. Esta es una consecuencia más de la falta de autonomía económica real de los municipios que dependen de los ‘aportes no reintegrables’ para poder funcionar”, concluyó el concejal Gustavo Fermanelli.